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El límite a la proliferación de las viviendas alquiladas para uso turístico que están invadiendo los centros de la mayor parte de las ciudades lo podrán poner los propios vecinos que viven pared con pared con este tipo de inmuebles. La idea de que sean las comunidades las que puedan vetar esta actividad en auge ha surgido fruto de la negociación de la mesa de trabajo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En una primera reunión de este grupo han participado representantes del ramo de las comunidades autónomas, así como Fomento y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En concreto, han establecido que podrá ser una mayoría simple (3/5 partes) la que prohíba el establecimiento de los pisos turísticos. La propuesta implica, en buena medida, que se traslada a los propietarios la
responsabilidad de determinar cuándo se puede usar una vivienda para esos fines económicos, teniendo en cuenta las molestias que suelen causar al resto de propietarios, por la continua entrada y salida de turistas.
La Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, aclaró ayer que todas las comunidades han mostrado unanimidad a la hora de cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para rebajar la mayoría necesaria para la toma de cualquier tipo de decisión en este sentido. El auge de este tipo
de alquileres que se produce coincidiendo con una cierta desaceleración del crecimiento del sector turístico en España ha llevado al Ejecutivo a proponer la modificación de dos leyes clave en materia de vivienda para regular este fenómeno: la Ley de
Arrendamientos Urbanos, para acotar el alquiler de temporada, y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en el sentido de modificar la mayoría necesaria.La secretaria de Estado de Turismo ha destacado el papel de las comunidades y ayuntamientos en materia de ordenación turística.
«Las competencias en materia de ordenación turística son exclusivas de las comunidades. Cada región legisla según aquello que piense que va ser mejor a su comunidad», explicó la secretaria de Estado, que puntualizó además que «no va a haber una armonización» entre comunidades.
La Administración se está planteando la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico como instrumento de control y regulación, que les servirá a las comunidades autónomas para verificar que se cumple su norma.
