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Es el economista de referencia de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición. Por el despacho de Nacho Álvarez (Madrid, 1977), próximo al del vicepresidente Pablo Iglesias, pasa el análisis de las medidas que más tensión generan con otros ministerios, como Economía o Seguridad Social.
Acaba de plasmar en un artículo, junto a un centenar de expertos, una propuesta para que el BCE condone la deuda a España. Lo ha hecho para «anticiparse» a lo que cree que puede venir dentro de unos meses. ¿A qué responde una propuesta así en este momento?
Ahora es un buen momento para abrir un debate que en todo caso tendrá lugar dentro de unos años. Muchos países van a salir de la crisis muy endeudados por las consecuencias de la pandemia, y no porque se hayan ido de fiesta. La UE tiene un reto crucial, el de invertir para asentar la recuperación y seguir haciéndolo los próximos años para afrontar el cambio climático o la reconstrucción social. Por eso hemos querido anticiparnos a lo que vendrá, porque ya escuchamos cantos de sirena que piden la vuelta a la austeridad, lo que sería un grave error.
El vicepresidente de la Comisión Europea advirtió en el Euroforo Vocento que «sin reformas no habrá ayudas».
Las reformas no deben ser interpretadas como recortes. Este Gobierno está comprometido con las reformas, pero no van a pasar por ser recortes. Tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos para impulsarlas y que la inversión que realicemos haga más fácil que estas reformas se puedan ejecutar rápidamente. En estos momentos no podemos hablar de recortes ni ajustes, sino de invertir los fondos europeos que nos permitan cambiar el país.
Pero a corto plazo, la pandemia está dejando a muchas empresas sin recursos para resistir tras un año de crisis. ¿El Gobierno debe dar ayudas directas?
Ya lo ha hecho, como los ERTE todos estos meses. En todo caso, es importante que construyamos ese puente económico que ayude al tejido empresarial hasta que la recuperación se asiente a partir del verano. Tenemos que ir un paso más allá porque es crucial evitar que la crisis de liquidez se transforme en una de solvencia. Tenemos que poner en marcha ayudas directas con cierta urgencia.
En materia de pensiones, el Gobierno llegó a estudiar un ajuste, con la posibilidad de ampliar a 35 años el cómputo de cotizaciones. ¿Por qué decayó?
El Gobierno ha remitido a la UE una propuesta en la que se garantiza la suficiencia y la revalorización de las prestaciones, así como su sostenibilidad. Pero esta sostenibilidad no se hace recortando las prestaciones futuras sino mejorando los ingresos de la caja de la Seguridad Social. Esa es la vía de la reforma que hemos remitido y no contemplamos recortes en las pensiones.
Y en la reforma laboral, otra de las actuaciones que quiere la UE, ¿dan por perdida la prometida derogación de la ley de 2013?
El pacto de coalición señala la necesidad de superar el marco de las relaciones laborales que impuso el PP. Y debemos avanzar en acabar con la temporalidad abusiva y excesiva, con la subcontratación que generaliza esa precariedad, y garantizar un reequilibrio de las relaciones laborales. La ministra Yolanda Díaz trabaja en esa hoja de ruta dentro del marco del diálogo social.
En materia de vivienda, ¿solo es posible conseguir sus objetivos con impuestos o actuaciones a los grandes tenedores?
Trabajamos como proponentes en el desarrollo de esta ley del Ministerio de Transportes que se mira en las mejores prácticas de los países de nuestro entorno. Se está abordando en otros lugares, como Berlín, la necesidad de regular precios para evitar que suban demasiado en zonas tensionadas. Y también en lo relativo a potenciar el parque de alquiler social para las familias que no pueden asumir una vivienda en el mercado. Hay que cambiar la óptica: si queremos un parque público tenemos que permitir que esté destinado al alquiler social y a la vez pedir a los grandes propietarios que arrimen el hombro y que garanticen que la función social de la vivienda se proteja por encima de la vivienda como mercancía.
El año comenzó con un récord de la luz que provocó fricciones entre ustedes y sus socios del Ejecutivo. ¿Dónde hay que actuar para evitar subidas?
Hay elementos que permitirán reducir la factura, como el desarrollo de las renovables. Y es crucial que cumplamos el acuerdo de coalición para reformar el mercado mayorista y terminar con los beneficios caídos del cielo de algunas centrales. También vamos a reformar el bono social para que incluya el resto de combustibles y tenga una mayor capacidad de llegar a los hogares más vulnerables. Pero eso no es incompatible con la reforma del mercado eléctrico, que tiene que beneficiar a hogares y también a empresas, cuyos costes son superiores a los de los europeos.
¿Vetará el Gobierno la OPA sobre Naturgy? ¿Debe hacerlo?
En un contexto de transición energética este país no puede renunciar al control de empresas tan relevantes y de sus sectores estratégicos, como es Naturgy. Hay que evitar errores del pasado, como con Endesa y Enel.
Al hilo de polémicas como la que ha generado el grado de democracia que hay en España, ¿es normal que los socios muestren todas sus contradicciones?
Estamos transitando un camino desconocido, un Gobierno de coalición. Y creo que eso es una nueva experiencia que está funcionando razonablemente bien. La ciudadanía también tiene derecho a saber los debates que se dan. Lo importante es que hemos gestionado de forma muy distinta esta crisis a como lo hizo la derecha hace una década.
La pandemia ha dejado al descubierto la debilidad de algunos centros de mayores. ¿Qué estrategia quiere seguir?
Hemos llegado a un acuerdo para avanzar con el plan de choque para reforzar el sistema de dependencia con las comunidades, con una inyección de 600 millones en los Presupuestos que revierten de una vez los recortes de la última década. Además usaremos 800 millones para transformar el modelo de cuidado de larga duración, más centrado en el ámbito domiciliario, evitando las fragilidades de la pandemia.
