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Planes de rescate para los ciudadanos

‘Renta mínima vital transitoria’, ‘renta básica de  confinamiento’... son algunos de los nombres que han surgido estos últimos días para afrontar la caída generalizada de ingresos por parte de los ciudadanos

Rafael Servent

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Planes de rescate para los ciudadanos

Planes de rescate para los ciudadanos

‘Renta mínima vital transitoria’, ‘renta básica de confinamiento’... son algunos de los nombres que surgieron la semana pasada para afrontar la caída generalizada de ingresos por parte de los ciudadanos. Países como Canadá o los EEUU ya lo han puesto en marcha. En el caso de Canadá, 2.000 dólares al mes -a partir de esta semana y a lo largo de hasta cuatro meses- para cualquier persona, sea trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, que haya visto mermados sus ingresos. En el caso de los EEUU, un cheque de 1.200 dólares para todos los ciudadanos estadounidenses.

En Europa, es cada estado miembro el que define qué políticas aplicará, aunque esta última semana la Comisión Europea ha dado un paso adelante. Hay un consenso: mantener la demanda y el consumo, aguantando empleos y renta. Con ‘Helicopter Money’ o ‘Dinero de helicóptero’. Ayudas directas y que abarquen a una gran parte de la ciudadanía, en consonancia con una realidad que, en el caso de estados miembros de la UE como España o Italia, han tenido que frenar sus economías tratando de mantener en pausa toda la maquinaria para volver a ponerla en marcha cuando se haya superado la crisis sanitaria.

Hace días que empezó a hablarse de una ‘renta básica de confinamiento’

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), las ayudas a los autónomos o el Permiso Retribuido Recuperable van en esta línea. Pero hay margen para crecer, y Europa puede marcar la diferencia. La Comisión Europea propuso el pasado jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por la Covid-19 para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.

La iniciativa, bautizada como SURE, tendrá que ser aprobada por los estados miembros de la Unión Europea (UE), que la debatirán en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de abril, donde se espera que adopten más medidas ante una crisis que ha obligado a paralizar gran parte de la actividad económica y amenaza con disparar los niveles de paro, como revelan ya los indicadores de marzo.

Bruselas plantea en concreto que los países utilicen la financiación comunitaria para sufragar sus sistemas de empleo temporal, por los que las empresas mantienen contratados a los trabajadores aunque caiga o cese su actividad y el Estado interviene con ayudas públicas para pagar los salarios.

«Catalunya, con muchas pymes y autónomos, necesita los ERTEs mejorados que propone la Comisión Europea» (Robert Tornabell, Esade)

En España se trataría esencialmente de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), aunque la CE apunta a que podrían también financiarse medidas de apoyo a los autónomos. Lo explica Robert Tornabell, ex decano de Esade y profesor emérito de Economía en esta escuela de negocios: «Como alemana que es, lo que la presidenta de la CE Ursula von der Leyen ve como muy natural es lo que en Alemania se conoce como ‘Trabajo en corto’, donde el trabajador no pierde su puesto de trabajo ni su salario, que paga en un 40% la empresa y en otro 60% el Estado Federal».

«Es algo -prosigue Tornabell- que se puso en práctica en la crisis de 2008 y que permitió a Alemania una rápida recuperación. Son los ERTEs que tenemos aquí pero muy mejorados, porque como trabajador sigues en plantilla, cobras el 100% de tu sueldo y no pierdes cotizaciones. A cambio, estás obligado a formarte y prepararte para ser más competitivo».

«En España, pero sobre todo en Catalunya -añade este profesor de Esade-, donde tenemos sobre todo pymes, autónomos y empresas de pequeña dimensión, lo que necesitamos es esto. Está pensado para empresas que no cerrarían y que no quieren perder a sus trabajadores. Es lo más racional, y parece que se puede avanzar por aquí».

Lo explicaba Von der Leyen la semana pasada: «El confinamiento ha paralizado la oferta y la demanda. Muchas empresas se han quedado sin ingresos y si no hacemos nada tendrán que despedir a sus trabajadores. Como consecuencia, cuando el motor de la economía mundial se reanude, no tendrán la fuerza laboral que necesitan, perderemos mercados y esto limitará nuestra recuperación».

El fondo SURE es la versión de emergencia del Reaseguro Europeo de Desempleo, una propuesta de instrumento permanente para que la UE complemente los sistemas de paro estatales. Bruselas, que tenía pensado presentar a finales de año esta iniciativa, reclamada entre otros por España, mantiene la intención de hacer una propuesta a largo plazo una vez pase la emergencia actual.

SURE es una alternativa a los ‘coronabonos’ -la emisión de deuda mutualizada que reclaman España, Italia y otros siete países, claramente rechazada por Holanda y Alemania, entre otros-, pero también al Mecanismo Europeo de Estabilidad (el fondo de rescate), rechazado por los países del sur de Europa por las condiciones y el estigma que conlleva.

El fondo contra el paro que propone ahora Bruselas podría generar menos reticencias entre los países del centro de Europa. «Holanda, que considera que España es ‘Fiesta y Siesta’ -explica Robert Tornabell-, propone un rescate blando, en el que si no pagas te pueden embargar. ‘Yo no te humillo como a Grecia, pero no me fío de ti’, vienen a decir».

  • La Renta Básica Universal (RBU) la recibe todo el mundo que tiene una determinada edad, es individual, sin condiciones y sin límites temporales. Entre sus principales ventajas está que es simple y transparente, contribuye a una distribución más igualitaria de la riqueza, no estigmatiza a los perceptores, ya que todo el mundo la recibe y puede favorecer el salir de la «trampa de la pobreza», que es la que pueden tener los perceptores de subsidios que podrían perderlos si consiguen ingresos. Entre sus limitaciones están que el coste es mucho más elevado que el de la Renta Condicionada (algunos estudios llegan a cuantificar el coste en un 20% del PIB). También las necesidades de financiación de la RBU pueden ser complejos de gestionar. En función de cómo se financie, puede hacer que se tengan que subir mucho los impuestos o la deuda pública. Puede promover la economía sumergida. Una parte de la población es contraria a la RBU al considerar que la gente dejará de trabajar, aumentará la inmigración, el coste no es asumible y opina que solo deberían recibir la renta los que la necesitan.
  • La Renta Condicionada solo la reciben las personas que cumplen determinadas condiciones (estar en situación de desempleo, no superar un determinado nivel de ingresos...). Este es el tipo de renta en el que hay más casos reales de aplicación. Su principal ventaja es que puede ser más asumible desde el punto de vista de los presupuestos públicos. Entre sus limitaciones destaca que no llega a toda la población que está en situación de pobreza. Esto sucede por motivos diversos y, entre ellos, la falta de información. También hay un peligro de estigmatización de las personas que necesitan estas ayudas. Hay casos en los que se puede perder interés por buscar trabajo, ya que si se obtiene un trabajo se podría perder la prestación. Además conlleva costes elevados de gestión administrativa y control del programa de renta.

Rescatar ciudadanos
La urgencia de un rescate ciudadano, sin embargo, va mucho más allá. La pasada semana, sindicatos como UGT, aunque valoraban positivamente las ayudas aprobadas por el Gobierno, señalaban que sigue habiendo un gran colectivo que queda fuera, como son los despedidos antes del estado de alarma o los que trabajaban en la economía sumergida.

La propuesta de este sindicato es reclamar al Gobierno la puesta en marcha de forma inmediata de una renta vital que permita a las familias sin ingresos sobrevivir estas semanas en las que nadie puede salir de casa a buscar esos ingresos.

Características de una renta ciudadana

En su informe ‘Renda Bàsica Universal. Anàlisi d’una proposta disruptiva d’innovació social’, los economistas Oriol Amat y Xavier Ferràs fijaban las bases para trabajar en un proyecto de renta de ciudadanía.

  • Importe: El importe debe ser suficiente para permitir vivir dignamente. No hay un consenso sobre la cantidad que debería tener la renta pero, en principio, dado que debe combatir la pobreza, el importe mínimo en Catalunya se situaría entre los 664 euros (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) y los 928,43 euros (importe estimado para cubrir las necesidades fisiológicas) en términos netos mensuales.
  • Periodicidad de pago: La opción del pago mensual tiene ventajas sobre la anual (o en otros períodos) porque evita que queden desprotegidas las personas pobres.
  • Tipo de renta: Hay que decidir si la renta la debe recibir todo el mundo y sin condiciones (Renta Básica Universal) o bien solo los ciudadanos que cumplen determinadas condiciones (Renta de Ciudadanía).
  • Unidad perceptora: Puede ser el individuo o el hogar. Si se tiene en cuenta el tipo de unidad familiar, se puede rebajar el coste total de la renta ya que, al aumentar el número de personas que viven juntas, ciertos costes unitarios se reducen (la vivienda, por ejemplo).
  • Otros requisitos a cumplir: Años de residencia, etc.
  • Duración de la prestación: Puede ser indefinida o limitada en el tiempo.

En este punto, el gobierno español asegura que falta poco para llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley de ingreso mínimo vital que prepara el Ministerio de Inclusión, pero que en todo caso «no va a ser inmediato». No obstante, UGT insistió en que lo que reclama de forma urgente no es una ley sino una solución para una «situación coyuntural» de necesidad que hay que atender y después ya llegará la renta mínima.

«Hay que hacer llegar una prestación temporal a todas las personas que no llegarán a fin de mes» (Toni Mora, CCOO)

En la misma línea se expresó esta misma semana el sindicato CCOO, que reclamó ampliar el alcance de la Renda Garantida de Ciutadania que impulsa la Generalitat de Catalunya y que hoy llega a unas 125.000 personas. Lo explica Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO de Catalunya: «Se trata de que, en coordinación con todas las administraciones, se haga llegar como mínimo una prestación temporal amplia a todas las personas que no llegarán a fin de mes con un ERTE que rebaja sus ingresos a un 70% de lo que tenían».

Y extenderlo a otros colectivos: «Hay iniciativas positivas, como el subsidio para las trabajadoras del hogar -prosigue Mora-, pero se queda corto porque hay muchas que se encuentran en la economía sumergida, y se tendría que pensar en cómo dar respuesta a estas personas».  

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