¿Qué son y por qué se han disparado los derechos de emisión de CO2?

No hay alivio para los consumidores. Los precios de la luz siguen desbocados y el megavatio/hora se mantiene en zona de máximos tocando el viernes los 117,14 euros. Agosto amenaza con ser el mes con la factura mensual más cara de la historia, en plena escalada de los precios del gas. Pero también ante el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, un complicado mercado que desde 2018 vive un auténtico ‘boom’ con el acelerón en la política climática de la UE… y también con el carácter especulativo adquirido en los últimos años. ¿De dónde surge, cómo funciona y por qué afectan los derechos a la factura final del consumidor?

¿Qué es el mercado 
de derechos de emisión?

Es una fórmula que la UE puso en marcha en 2005 para ayudar a cumplir con el protocolo de Kioto, cuyo próximo objetivo es reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990. Resumiendo mucho, los derechos es lo que pagan algunas instalaciones como eléctricas de gas para poder contaminar.

¿Comó funciona?

Cada año, cada instalación contaminante tiene asignada una cantidad limitada de derechos de CO2 que pueden emitir a la atmósfera de forma gratuita. Como el número de derechos se va reduciendo con el paso del tiempo, si una instalación necesita emitir más de lo que le han asignado, debe acudir al mercado a comprar derechos a través de una subasta. Por lo general, se los compra a otras instalaciones que tengan excedentes porque han hecho los deberes reduciendo sus emisiones. Al crear oferta y demanda, el mercado establece un precio para esas emisiones.

¿Está cumpliendo 
su objetivo?

Como los derechos se van restringiendo con el paso del tiempo, su coste se va elevando (como está ocurriendo ahora). «En 2005, cuando el mercado empezó a funcionar, el precio de los derechos rondaba los 5 o 6 euros por tonelada, con lo que contaminar salía muy barato y no se beneficiaba al que hacía los deberes, porque tampoco le salía a cuenta vender sus excedentes», indican fuentes del sector. Sin embargo, con el paso del tiempo y la subida de precios, los contaminantes se ven obligados a buscar otro tipo de tecnologías más baratas como las renovables.

¿Qué instalaciones 
participan?

Según datos oficiales, este régimen afecta a casi 1.100 instalaciones (11.000 en toda la UE) que representan un 45% de las emisiones totales. Se trata de centrales térmicas, de cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20 MW (calderas, motores, compresores.), refinerías, siderurgia, cementeras, vidrio o papeleras. La idea es que estas instalaciones prefieran ir reduciendo sus emisiones a pagar por los derechos para emitirlas.

¿Por qué se han disparado los precios?

El precio de los derechos de emisión del CO2 cotiza actualmente en 53,5 euros por tonelada, muy lejos de los 26 de hace justo un año. Esta evolución se debe a la suma de varios factores. Entre ellos, la propia política climática de la Unión. «La descarbonización pasa por un precio del CO2 que tenga valor; cuanto más suba el precio, mayor será el incentivo que tendrán las instalaciones para cambiar a tecnologías menos contaminantes», insiste José María García, ‘trader’ de Vertis Environmental Finance. Además, justo este año se ha producido el segundo mayor recorte de la historia en las asignaciones gratuitas (de 57,11 millones de toneladas a menos de 49 millones.

¿Justifica la transición energética la escalada?

No de forma aislada. Es cierto que el aumento más rápido de los precios se aceleró en noviembre del pasado año, al anunciarse un retraso en el inicio de las subastas de este 2021. Y se intensificó cuando el Consejo Europeo elevó del 40% al 55% los objetivos de reducción de las emisiones para 2030. Pero hay algo más que ha influido en el encarecimiento de los derechos. El propio Banco de España cree que «la escalada ha sido tan elevada que, según algunos analistas, no puede descartarse un componente especulativo significativo».

¿Por qué se especula?

Desde la entrada en vigor de la directiva europea Mifid II el 3 de enero de 2018, el derecho de emisión de CO2 pasó a ser considerado un instrumento financiero y, por tanto, atractivo para bancos y fondos de inversión.