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En una cumbre realizada de forma virtual por la pandemia, 15 países de la región Asia-Pacífico acordaron ayer domingo la creación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza.
El acuerdo fue firmado virtualmente por los mandatarios en el marco de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y socios externos organizada por Vietnam, que este año asume la presidencia rotatoria del bloque.
Para su entrada en vigor, la RCEP deberá ser ratificada al menos por seis miembros de la ASEAN y tres de sus socios externos. El tratado es visto como una plataforma que beneficia a Pekín como potencia económica en Asia-Pacífico, en detrimento de Estados Unidos.
La RCEP es un acuerdo económico que busca eliminar los aranceles y cuotas en el 65 % de los productos y otras barreras al libre comercio.
El tratado aborda el comercio de bienes y servicios, la economía digital, la propiedad intelectual y disputas comerciales, entre otros asuntos. Sin embargo, no contiene regulación sobre los derechos laborales y el impacto medioambiental.
La RCEP comenzó a negociarse en 2012 en el seno de la ASEAN con otros países con los que el bloque ya tenía tratados de libre comercio (TLC): Australia, China, Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda.
El año pasado, India decidió salirse del acuerdo para proteger su mercado y a sus trabajadores ante el temor a verse inundada de productos más baratos, principalmente de China. Los países firmantes han dejado las puertas abiertas a India si quiere ingresar en el acuerdo en el futuro.
Por parte de la ASEAN están representados Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
El acuerdo representa cerca del 28 % del comercio mundial y un mercado de unos 2.200 millones de personas, cerca del 30 % de la población mundial, en la región con mayor crecimiento económico del mundo.
Reactivar la economía
La RCEP ha sido bienvenida por los líderes de la región y algunos economistas como una herramienta para aumentar el comercio y reactivar las economías de la región en medio de la Covid-19.
Sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales han criticado la falta de transparencia y que beneficie supuestamente más a las grandes empresas que a los pequeños productores, principalmente en el sector agrícola.
«Los gobiernos han dado posiciones privilegiadas a los grupos de presión de las grandes empresas a expensas de los principios democráticos básicos», dijo en un comunicado Sara Elago, parlamentaria filipina y miembro de Parlamentarios de la ASEAN para los derechos humanos (APHR, siglas en inglés).
«No hubo una consulta popular seria, sin supervisión de los parlamentos y ni siquiera el texto del acuerdo ha estado disponible al público», añadió Elago.
