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No hay mucho tiempo. El Gobierno es consciente de que a partir de septiembre tiene que pisar el acelerador si quiere llegar a tiempo a los márgenes exigidos por la Comisión Europea para ir desembolsando la lluvia de millones del Plan de Recuperación. Aunque algunas medidas ya se han llevado a cabo, aún quedan otras muchas a realizar en solo cuatro meses de curso.
El Gobierno ha recibido el visto bueno de Bruselas hasta ahora y ha ingresado esta misma semana los primeros 9.000 millones de financiación y, casi con toda seguridad, pasará el filtro para que la Comisión le apruebe los otros 10.000 millones en diciembre.
El siguiente pago ya dependerá de que se cumplan algunas de las reformas pactadas, siendo las más importantes la laboral y la de pensiones. Respecto a la primera, la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el objetivo es conseguir ese nuevo marco de normas laborales «a finales de 2021» puesto que es la reforma «más urgente desde un punto de vista estructural».
Pero la negociación con los agentes sociales no está en su mejor momento y aunque Calviño confía en que antes de que termine el año se consiga un acuerdo, la realidad es que las conversaciones están bastante encalladas. Las reuniones empezaron formalmente en enero de 2020, pero la pandemia las aparcó y se retomaron el pasado mes de marzo.
El gabinete de Yolanda Díaz ya ha desgranado sus intenciones para la reforma laboral aunque al estar sujetas al diálogo con patronal y sindicatos están abiertas a cambios. La idea principal es desmontar determinados elementos de la legislación laboral del PP de 2012 y abordar retos que Bruselas considera urgentes, como la reducción de la temporalidad, las altas tasas de paro juvenil o dar flexibilidad para evitar los despidos a través de mecanismos como los ERTE que tan bien han funcionado en la pandemia.
Reforma de las pensiones
La otra gran reforma que exige Bruselas es la de las pensiones con el objetivo de «preservar su sostenibilidad a medio y largo plazo apoyando vidas laborales más largas», explica la Comisión Europea.
Hasta el momento, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para introducir modificaciones en el actual sistema de jubilaciones con el que pretende sobre todo mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y penalizar los retiros anticipados. Así, la primera fase de la reforma ya está en marcha. Entre las medidas más importantes está el mecanismo de revalorización para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, de forma que el 1 de enero de cada año la nómina subirá de acuerdo con la inflación media anual registrada el año anterior, ligando así las pensiones al IPC (Índice de Precios al Consumo).
El segundo punto es solucionar uno de los problemas del sistema actual. Y es que la edad efectiva de jubilación, es decir, a la que los españoles realmente se retiran del trabajo, está actualmente en los 64 años y 6 meses, según el Banco de España, mientras que la edad legal se sitúa en 65 años para los que hayan cotizado a partir de 37 años y 3 meses, y en 66 años para los que hayan trabajado menos tiempo.
El objetivo es ir acercando la edad efectiva a la legal a través de mecanismos de revisión, penalización de las anticipadas y fomento del retraso voluntario de la jubilación. Además, esta primera fase incluye otros puntos importantes como el traspaso de los gastos impropios del sistema a través de una transferencia del Estado a la Seguridad Social para financiar las pensiones. Es una transferencia que ya se ha incluido en los Presupuestos de 2021.
