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Alcaldes de 31 ciudades, pertenecientes a 13 partidos diferentes, acordaron ayer reclamar al Gobierno central que sustituya el real decreto actual, que entrega 5.000 millones de euros a los ayuntamientos que den sus remanentes al Estado, por otro que los distribuya en función de la población, según explicó en rueda de prensa el primer edil de Zaragoza, Jorge Azcón.
El también portavoz del PP en la FEMP aseguró tras el encuentro celebrado por videoconferencia que piden «que el fondo de 5.000 millones sea justo, que sea igual para todos, que se reparta en función de la población y que no se creen condiciones que tengan que ver con cuestiones que afectan a la contabilidad nacional».
Y que el fondo sea «absolutamente independiente» de que los ayuntamientos tengan o no ahorros y se reparta entre los ayuntamientos como se ha repartido entre las Comunidades autónomas «independientemente de la situación económica» en que se encuentren.
Los participantes
Así, la reunión telemática culminó con un documento conjunto respaldado por los primeros ediles de Tarragona, Reus, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.
Azcón, que ha estado coordinando durante todo el verano las reuniones de los alcaldes contrarios al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, calificó el encuentro de «histórico» y desveló que el acuerdo ha sido «fácil», pese a concitar a formaciones tan distintas como PP, ERC, BNG, PDeCAT, CC, PRC, Compromís, UPN, Cs, Podemos o Barcelona en Comú en un momento de especial crispación en el ámbito político nacional.
Alcaldes de «prácticamente todos los partidos políticos» menos del PSOE, recalcó Azcón, quien afeó a los socialistas «preferir defender la posición de su partido en lugar de unirse a la posición mayoritaria de los alcaldes españoles y defender a sus ciudadanos».
Nuevos problemas
Ante esta situación, consideró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente el Ministerio de Hacienda, debería hacer una reflexión sobre las soluciones que está aportando a las entidades locales, que más que soluciones son «nuevos problemas».
En ese sentido, advirtió de que la solución del Gobierno ante la eventual no convalidación del real decreto no puede ser «castigar a las ciudades» porque haya habido alcaldes «rebeldes».
En su lugar, emplazó al Ejecutivo central a que recoja en un nuevo real decreto aquello en lo que «la inmensa mayoría estamos de acuerdo», ya que los partidos de los alcaldes firmantes suman cerca de 200 diputados en el Congreso.
Un nuevo real decreto que se caracterice por que el fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos sea «justo» e «igual para todos», es decir, que se reparta en función de la población y no de cuestiones que afecten a la contabilidad nacional o de que dispongan o no de ahorros, de la misma manera que no se le exige esta condición a las Comunidades Autónomas, recordó.
Fondo para el transporte
Además añadió otras cuestiones que también han suscitado el acuerdo entre estos 31 alcaldes, como un fondo extraordinario para el transporte público, prorrogar el tiempo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles o la flexibilización de la regla de gasto en 2020 y 2021.
En cualquier caso, Azcón anunció que los alcaldes contrarios al acuerdo local entre Hacienda y la FEMP acudirán presencialmente al Congreso de los Diputados el día en que se convalide el real decreto, ya que quieren que se les escuche después de haber pedido diálogo «por activa y por pasiva». «Nos hemos cansado de ofrecerle diálogo a la ministra», lamentó el también portavoz del PP en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).
