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El Gobierno quiere ampliar hasta el 31 de diciembre de este año el veto al despido objetivo por causas relacionadas con la Covid-19, según figura en el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Según el documento, permanecerá vigente, hasta el 31 de diciembre de 2020, el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo con el que el Gobierno estableció que no se podrían «entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido» causas relacionadas con la pandemia.
Esto supuso vetar los despidos objetivos - con 20 días de indemnización por año trabajado- amparados en la Covid-19 y, en la práctica, encarecerlos ya que pasarían a considerarse improcedentes con una mayor indemnización (33 días por año) o nulos.
El borrador también recoge la ampliación hasta el 31 de diciembre de otras medidas aprobadas en estos meses como la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales afectados por la Covid-19 o del PlanMecuida, que da derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo, con la consiguiente reducción salarial, para el cuidado de menores.
En cuanto a los ERTE, el Gobierno también plantea una prorroga hasta el próximo 31 de diciembre y, en los de fuerza mayor, ceñirlos a empresas de una serie de actividades económicas, aún por determinar, así como a compañías de otros sectores pero que demuestren depender de las primeras.
Así, para considerarse empresa «especialmente afectada por la pandemia» y seguir con un ERTE de fuerza mayor sin pertenecer a los sectores que se fijen en el texto definitivo se deberá demostrar que, durante 2019, el 50 % del negocio ha venido de empresas sí incluidas o documentar otro tipo de circunstancias que acrediten esa dependencia.
El texto no entra aún en detallar los nuevos esquemas de bonificaciones que tendrán estos ERTE ni tampoco las de los denominados ETOP, a los que pueden transitar las empresas desde la fuerza mayor si es necesario, ni los de rebrote que sí que se dejan abiertos a empresas de cualquier actividad.
Se trataría de un modelo de «protección diferencial, no sectorial» que no termina de convencer ni a patronal ni sindicatos que tampoco quieren un acuerdo con nueva fecha de caducidad en diciembre.
