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El operador postal Unipost, en concurso de acreedores, presentó ayer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afecta a 2.200 trabajadores, la totalidad de su p0lantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica en la que se encuentra.
La dirección de Unipost presentó ayer mismo la solicitud de despido colectivo ante el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, según informó el bufete de abogados Jausas, que ejerce de administrador concursal.
En el comunicado emitido, el administrador concursal aseguró que su objetivo es buscar un comprador para la unidad productiva, que podría ser tanto otra compañía del sector como un fondo de inversión, lo que permitiría mantener el puesto de trabajo de parte de la plantilla, que está repartida por todo el territorio español.
Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado 12 de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana, con una deuda de 47,4 millones de euros y unos activos de 40,6 millones.
La Administradora Concursal Laia Folguera se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de encontrar un comprador, ya que «en este momento hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa».
Los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores, según han apuntado fuentes sindicales.
Relacionada con el referéndum
Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y, a principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.
La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su ‘web’, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial.
En los últimos años, a la empresa que preside Anton Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista.
El pasado septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1 de octubre (1-0), suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Catalunya.
El grupo de mensajería alegó que en ningún caso conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez sopesa que se desprenden «claros indicios» de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.
