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Las medidas de protección social aprobadas por el Gobierno al principio de la crisis del coronavirus seguirán activas al menos hasta el 30 de septiembre. El Consejo de Ministros amplió ayer los plazos para poder acogerse a la moratoria hipotecaria, la de los alquileres así como a las ayudas para garantizar el pago de los recibos de luz, gas y agua hasta el mismo día en el que finalizan el resto de grandes medidas puestas hasta ahora en marcha, con los ERTE como principal baluarte.
De esta forma, quienes no puedan abonar las cuotas de sus hipotecas, y cumplan con los requisitos establecidos hasta ahora, pueden solicitar la moratoria en el pago de esos préstamos hasta el 29 de septiembre. El plazo de esta medida vencía el próximo día 21 de julio. De esta forma, no tendrán que pagar la hipoteca durante tres meses. Son unas 200.000 las solicitudes las que habían llegado hasta ahora. Se une a la moratoria aplicada por la propia banca en las hipotecas durante seis meses.
También estará en vigor hasta el 29 de septiembre la posibilidad de acogerse a la moratoria de pagos de los créditos al consumo, una medida que han solicitado más de 360.000 familias, durante tres meses.
También se prorroga medio mes más, hasta el 30 de septiembre, el plazo para poder solicitar ayudas para el pago de recibos básicos como el de la luz
Vivienda social
El Consejo de Ministros también aprobó ayer una medida que facilitará la cesión de suelo público por un periodo máximo de 75 años a empresas privadas que construyan y gestionen un alquiler social. Así, el real decreto reconoce que las Administraciones pueden ceder el uso del suelo público a promotores privados durante un plazo extenso de tiempo para que éstos construyan viviendas y las alquilen a precios asequibles para la población más vulnerable.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, explicó que el Gobierno aportará suelo público en una fórmula de colaboración con la empresa privada a través de concesiones que pueden durar «hasta 75 años» en función de la necesidad y la ubicación. El pago del canon tendrá que ver con el tipo de alquiler, pero «podrá llegar a ser cero» dependiendo de los precios del alquiler, la ubicación y el tipo de vivienda.
Se trata de una medida «importante» porque elimina un «obstáculo de carácter legal» que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social, señaló el ministro.
«No solo construirán las viviendas, sino que tienen que tramitar los alquileres. Esto permitirá reactivar la economía», señaló Abalos, que destacó que esta medida permitirá ir generando un parque de vivienda pública en España que solo es del 2,5% del total (la media europea es del 5%).
