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Una de las reclamaciones del sector en materia de descarbonización era contar con una hoja de ruta clara para los próximos años. Con la aprobación hace unas semanas de la nueva Ley de Cambio Climático ya existe esa certidumbre sobre lo que pasará en las siguientes décadas. Muchas de las medidas anunciadas por el Ejecutivo afectan de lleno a la movilidad y a los concesionarios.
Para el futuro más cercano, el 2030, se establecen algunos objetivos climáticos. Por ejemplo, se trabajará para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% con respecto al año 1990; se luchará por alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%…
En materia de movilidad, se establece el objetivo de que para 2040 los vehículos que se comercialicen sean “con emisiones cero gramos de CO2 por kilómetro conforme a la normativa comunitaria”. De tal forma, a partir de dicho año solo se podrán vender coches totalmente eléctricos o de hidrógeno. Quedan fuera los híbridos, la gasolina, el diésel…
Será para el 2050 cuando se prohíba la circulación de vehículos de combustión. Justo 10 años después del fin de su comercialización.
Otras medidas incluidas en la Ley de Cambio Climático
Pero estos no son los únicos aspectos que afectan de lleno a los concesionarios. También hay otros puntos de la Ley que se vincula a la actividad de los distribuidores y sobre el tipo de movilidad que deberán vender. Por ejemplo, será obligatorio contar con un plan de movilidad urbana sostenible en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Es decir, deberán contar con una zona de bajas emisiones.
Para 2023 también se establece que en los edificios con más de 20 plazas de parking no residencial deberán instalar cargadores eléctricos. De esta forma, también se achacará a la falta de infraestructura actual con el objetivo de expandir la movilidad eléctrica. Además, se contempla la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados.
Esta ley está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se contempla una primera revisión al alza de sus objetivos en 2023.
