Bruselas pide finiquitar las ayudas para la energía

El déficit público español permanece demasiado elevado y, al igual que otros ocho Estados miembros de la UE, España está experimentando ciertos «desequilibrios» económicos. Es lo que se desprende de las recomendaciones semestrales que presentó ayer la Comisión Europea (CE), que exigen al país una contención del gasto público y un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB (unos 9.300 millones de euros) para 2024, con el objetivo de reducir el déficit público al 3%. La CE aconseja a las autoridades españolas que desmantelen gradualmente sus medidas de apoyo para reducir el impacto del alto precio de la energía y que destinen ese dinero a contener el déficit.

En las últimas previsiones de primavera, Bruselas mostró su confianza en el crecimiento de España, que duplicará el de la UE, con un avance del PIB del 1,9% este año. Sin embargo, la deuda pública se mantiene elevada y se espera que cierre 2023 en el 110,6% del PIB. Según estos mismos cálculos, España no cumplirá con su objetivo de reducir el déficit al 3% el año que viene, sino que rondará el 3,3%.

Las recomendaciones apuntan que las cuentas públicas españolas se han visto afectadas por medidas como la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de electricidad. El descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el apoyo a los ingresos de los hogares y las industrias gasintensivas, los bonos sociales de energía y los descuentos en el transporte público también lastraron las cuentas públicas. En total, Bruselas calcula que estas medidas tuvieron un coste presupuestario del 1,6% del PIB en 2022.

Bruselas también anima a continuar una estrategia fiscal a medio plazo, basada en la «consolidación gradual y sostenible». En ese camino será fundamental el despliegue de los fondos europeos de recuperación y las inversiones verdes, para acelerar la transición energética.

Más de la mitad de los Estados miembros (14 de los 27) no cumplen con los criterios de reducción de déficit público y otros tres no alcanzan los objetivos de rebaja de su deuda (Francia, Italia y Finlandia). Aunque este año no se abrirán procedimientos de infracción por exceso de deuda y déficit, Bruselas quiere preparar el terreno de cara a la próxima primavera, cuando volverá a aplicarse el Pacto de Estabilidad.