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El futuro del polo petroquímico de Tarragona pasa por encarar con garantías el proceso de transición energética, pero también por hacerlo asegurando la producción y el empleo. De ello depende la continuidad de una industria que genera empleos de calidad y alimenta una red industrial y de servicios con efectos multiplicadores sobre la generación de valor económico del territorio.
Con más de 17 millones de toneladas de productos petroquímicos producidos en el año 2020 (últimos datos disponibles), el polo petroquímico de Tarragona sigue siendo el más importante del sur de Europa. Sus aproximadamente 1.200 hectáreas dedicadas a la producción petroquímica, con más de un centenar de productos químicos, un 50% de la producción del sector químico en Catalunya y un 25% de la de España, dan la medida de un liderazgo indiscutible en su sector.
Este cluster es, además, uno de los mayores generadores de empleo de calidad en la demarcación de Tarragona, con alrededor de 5.500 puestos de trabajo directos, otros 5.500 indirectos y 35.000 inducidos, según datos de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Las regulaciones apremian
La agenda marcada por la Comisión Europea (CE), que mediante los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo ambiciona situar a Europa como el primer continente climáticamente neutro en 2050, referente global en sostenibilidad y economía circular, sitúan sin embargo a este polo petroquímico ante una encrucijada. Porque la transición energética no es opcional, como tampoco lo son el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Las regulaciones, además, apremian. La Ley Europea del Clima, propuesta por la Comisión Europea (CE) en febrero de 2020, fijaba en el año 2030 la fecha en la que todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberían haber reducido en un 40% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a la cifra del año 1990. En 2050, esa reducción tendría que haber alcanzado entre el 80% y el 95%, logrando así acercarnos mucho al objetivo de neutralidad climática en toda la UE.
En septiembre de 2020, la Unión Europea (UE) decidió acelerar todavía más el proceso de transición energética hacia una sociedad descarbonizada, y añadió a esa ley la iniciativa de aumentar el objetivo de reducción de emisiones para el año 2030 a un 55% respecto a las emisiones de 1990.
Esta aceleración no es casual, y en ella ha tenido mucho que ver el estallido de la pandemia global de Covid-19. La sucesión de acontecimientos hizo que, recién presentada la Ley Europea del Clima y sus ambiciosos objetivos en febrero de 2020, llegase a Europa la pandemia de coronavirus. Pero, lejos de dejar aparcado en un cajón el Pacto Verde Europeo, lo que ha sucedido es que la transición energética se ha acelerado.
¿Ucrania lo cambia todo?
Pero, de repente, la crisis de Ucrania, con la invasión militar de este estado soberano por parte de Rusia, ha sacudido los cimientos de estos planes a años vista, despertando necesidades y urgencias mucho más imperiosas en el corto plazo.
La semana pasada, la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), de la que forman parte muchas de las empresas presentes en el polo petroquímico de Tarragona, se adhirió a un comunicado emitido por AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) y Unesid (asociación empresarial que representa a las industrias siderúrgicas en España) alertando de la situación de los precios eléctricos y de su impacto en la industria y en el empleo, y reclamando al gobierno español una reforma urgente del mercado marginalista eléctrico mientras dure la crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado.
En este comunicado que desde la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) también hacen suyo, las industrias electrointensivas constataban que llevan desde el pasado verano «padeciendo una crisis energética, generada por la evolución del precio del gas y de los derechos de emisión».
«Tras la invasión de Ucrania -proseguía el comunicado-, la situación ha explotado, creando una emergencia industrial sin precedentes. En los últimos días las empresas sufren una escalada nunca vista en los precios de la energía eléctrica, alcanzando el pasado martes 8 de marzo un precio medio de 547 €/MWh».
La escalada en los costes energéticos amenaza a las industrias electrointensivasLa situación ha llevado a que muchas industrias en sectores electrointensivos como la siderurgia, la metalurgia no férrica, la química y los gases industriales, entre otros, se hayan visto obligadas a reducir o paralizar la producción, con precios de la electricidad que hacen imposible mantener la actividad.
La emergencia afecta hoy por igual a todas las empresas electrointensivas de la Unión Europea, con la industria química en un lugar destacado. Una realidad que lleva a los firmantes de este comunicado a sostener que «la Unión Europea vive una crisis sin precedentes», que les empuja a solicitar la adopción de «medidas de emergencia, aunque sean acotadas y temporales».
«En España -recuerdan-, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario». Por eso, opinan, «en esta situación de emergencia nacional», el gobierno español debería adoptar «una decisión urgente reformando el mercado marginalista eléctrico mientras dure esta crisis energética, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio eléctrico en el mercado».
Derechos de emisión
En el fondo, lo que ha saltado estos días a primera línea del debate es la soberanía energética del conjunto de la Unión Europea (UE) y su dependencia de las importaciones de gas y petróleo. El alza en el precio del gas se suma a una tendencia que arranca el pasado verano y que tiene en los derechos de emisión otro elemento no menor.
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE o ETS, por sus siglas en inglés) establece un límite a la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir cada año las entidades cubiertas por el sistema. Ese límite se reduce a lo largo del tiempo de forma que las emisiones totales disminuyen.
Desde la introducción del RCDE en 2005, las emisiones se han reducido en un 42,8 % en los sectores cubiertos: la generación de electricidad y calor, los sectores industriales de gran consumo energético y la aviación comercial dentro de Europa.
En 2050, la Unión Europea quiere ser el primer continente climáticamente neutro, referente global en sostenibilidad y economía circularEn este marco, las entidades reguladas (como es el caso de muchas de las empresas presentes en el polo petroquímico de Tarragona) compran o reciben derechos de emisión, que pueden intercambiar entre sí en caso necesario. Si, al finalizar el año, una de estas entidades reguladas logra reducir sus emisiones hasta el punto de mejorar el límite anual fijado, puede conservar los derechos de emisión ‘ahorrados’ para cubrir sus necesidades futuras o venderlos a otra instalación que no disponga de derechos de emisión.
En julio del año pasado, la Comisión Europea propuso eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos de los que gozaba la aviación, además de incluir las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE. En paralelo, propuso aplicar el comercio de derechos de emisión a otros sectores a través de un nuevo régimen independiente, con la prioridad en la distribución de combustibles para el transporte por carretera y la calefacción de las edificaciones.
Unos cambios no exentos de consecuencias, que han impactado en industrias electrointensivas como las que acaban de adherirse al comunicado de AEGE y Unesid, a los que se suma el próximo Mecanismo de Ajuste en Frontera por emisiones de Carbono (MAFC o CBAM, por sus siglas en inglés), que pretende evitar la ‘fuga de carbono’ de la Unión Europea (UE). Es decir, la transferencia de producciones industriales contaminantes a otros países con políticas climáticas menos estrictas, cuando los productos de la UE se sustituyen por importaciones más intensivas en carbono.
Una vez puesto en marcha a partir de 2023 y de forma gradual hasta 2026, el nuevo MAFC hará que los importadores de la UE compren certificados de carbono correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si los bienes se hubiesen producido con arreglo a las normas de tarificación del carbono de la UE.
De cómo la Unión Europea sea capaz de conjugar estos ambiciosos objetivos con la sostenibilidad y las urgencias a corto plazo de su industria depende el futuro de su soberanía industrial.
