El Gobierno aprueba los fondos de pensiones de promoción pública

El Gobierno da un paso más para poner en marcha los fondos de pensiones de promoción pública -a los que se podrán adscribir los planes de empleo sectoriales- antes de junio de 2022, tal y como se comprometió con Bruselas dentro del Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regula estos nuevos instrumentos de ahorro para la jubilación y con el que se pretende aumentar el porcentaje de la población cubierta por planes de empleo.

Actualmente, apenas llegan a uno de cada 10 trabajadores. Y el Gobierno confía en que a medio plazo se puedan alcanzar niveles del 48% similares a los que registran regiones como el País Vasco, que cuenta con su propio sistema de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de empleo.

«El momento es el propicio, a las puertas de una reforma laboral que va a generar sensibles mejoras en el empleo. Es una oportunidad única para que este instrumento esté más presente en los convenios colectivo sectorial», indican fuentes del Ministerio de Seguridad Social.

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera, José Luis Escrivá, anticipó una de las grandes novedades del texto. Finalmente, el límite conjunto deducible por planes individuales y colectivos -establecido en 10.000 euros en los Presupuestos para 2022- se elevará de 2.000 a 5.750 euros para los autónomos (sumando los 1.500 euros de tope establecido p ara los planes individuales a partir del próximo año y los 4.250 por aportaciones a un plan colectivo).

Planes para incentivar el ahorro privado

La negociación entre patronal y sindicatos será otro de los pilares para incentivar el ahorro privado en las empresas. La idea es que si se decide por convenio que haya planes de empleo colectivos en un plan sectorial, todas las empresas de ese sector tendrán que acogerse a la norma.    

Desde el Ministerio matizan que esa obligatoriedad dependerá, así, de lo que se pacte entre patronal y sindicatos. «El convenio colectivo puede prever que las empresas, igual que tienen una obligación de respetar niveles salariales, tengan la obligación de que una parte del salario vaya al plan sectorial», explican.

Pero el convenio también puede tener potestad para decidir en otro sentido: «que se apunten los trabajadores que quieran, si es obligatorio, si solo un poco o nada...», matizan desde el Ministerio.

• Críticas de los empresarios

En este punto, la patronal volvió a mostrar este martes su rechazo a la aprobación del anteproyecto de ley asegurando que se ha llevado a cabo «de espaldas al diálogo social». Así lo denunció el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. «Un texto inicial,unas alegaciones y propuestas presentadas y sin respuesta aún», precisó. Sin embargo, desde el Gobierno se muestran más optimistas en el acuerdo y califican la acogida del plan entre empresarios y sindicatos como «positiva».  

Fuentes consultadas indican que los sindicatos sí habrían entendido mejor el planteamiento del Ejecutivo en torno a una firme apuesta por el segundo pilar del sistema de pensiones. Y también «por el refuerzo que supone dentro de la negociación colectiva».

Las patronales reclaman incentivos y negociación

Sin embargo, reconocen que la patronal sí ha mostrado mayores reticencias, reclamando incentivos más poderosos para llevar el plan a la mesa de negociación. «Hay margen para seguir trabajando», aseguran las fuentes consultadas. Lo cierto es que el anteproyecto tiene que dar aún muchas vueltas. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto pasa al trámite de información y audiencia pública para recibir las contribuciones de la sociedad civil y posteriormente será remitido al Consejo Económico y Social.

Después de este trámite, volverá a pasar por Consejo de Ministros para ser tramitado al Parlamento para ser aprobado antes del segundo semestre de 2022, tal y como se pactó en el plan de recuperación.

• Vigilancia del Estado

El Gobierno se ha comprometido, además, a ejercer una estrecha vigilancia sobre el desarrollo de estos nuevos planes de empleo de promoción pública.«Vamos a garantizar que las comisiones que se aplican son bajas», explicaba ayer el ministro de Seguridad Social, recordando que esto contribuirá a una mayor rentabilidad final para el partícipe.

En uno de los borradores de la norma, el Ministerio había fijado una comisión máxima de entre el 0,4% y el 0,5% para estos nuevos productos, más en línea con la media del 0,21%, frente al 1,04% de los individuales.

Ahora, el texto no incluye ningún 'tope' en este sentido, pero la idea es que ese porcentaje final se decidirá cuando se convoque el concurso público 'y competitivo' para elegir a las gestoras que se encargarán de 'mover' el patrimonio invertido en estos nuevos vehículos. El Gobierno también establecerá una Comisión de Control de 17 miembros:nueve serán representantes de la Administración y otros ocho serán designados por asociaciones sindicales y empresariales.