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El Gobierno ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra, y ha avanzado un nuevo impuesto a las empresas energéticas que entrará en vigor en 2023.
Ese pago único de 200 euros es una de las nuevas medidas del decreto ley aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario, por el que también se prorrogan hasta final de año las medidas vigentes desde el 1 de abril que incluían la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra en Ucrania.
Varias medidas
Entre las novedades también está la congelación del precio de la bombona de butano y la rebaja del 50% de los abonos de transporte de titularidad estatal (como los de Renfe) y del 30 % para los expedidos por las comunidades autónomas y entidades locales, que podrán elevar esa ayuda hasta el 50 % con recursos propios.
A ello se suma la rebaja ya anunciada esta semana del IVA de la factura de la luz del 10 al 5% y la subida del 15% de las pensiones de jubilación y de invalidez no contributivas, que supondrá 60 euros al mes y 360 euros a final de año.
El coste estimado de todas las medidas del decreto ley es de 9.100 millones de euros, «un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario», según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado en rueda de prensa que 5.500 millones serán gasto y 3.600 millones serán reducción de ingresos.
Más de 15.000 euros
En total, el Gobierno habrá destinado desde el 1 de abril y hasta final de 2022 más de 15.000 millones de euros en su plan de choque frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión de Ucrania por Moscú.
Sánchez ha destacado que esa cantidad supone más de un punto de PIB y que servirá para contener la inflación española en 3,5 puntos.
Además, ha calculado que las medidas enfocadas a los colectivos vulnerables protegen a casi 4 millones de españoles, pero ha incidido en que el plan, en su conjunto, beneficia a la totalidad de la ciudadanía.
Según ha dicho, se trata de proteger a las familias, a la clase media trabajadora y amortiguar el impacto de la inflación en sectores estratégicos de la economía, al tiempo que se reparten de una manera más justa y equitativa los costes económicos y sociales de la guerra.
Por esta razón, ha considerado que los partidos que no voten a favor de la convalidación de este decreto ley en el Congreso de los Diputados tendrán que explicárselo «a la clase media trabajadora de este país».
Impuesto a las eléctricas
El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del alza de los precios de la energía y lo planteará a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que se presentará en las próximas semanas para que pueda estar en vigor en 2023.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a EFE que la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, de manera que el nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022.
«Es una medida que sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI», ha dicho Sánchez, que no ha concretado cómo será ese nuevo gravamen.
«Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia (...) Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora», ha añadido el presidente.
Abono transporte
En cuanto a la reducción en el abono transporte, se incluye una reducción de hasta un 30% del coste de los abonos emitidos por las comunidades autonómicas y entidades locales, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y estará activa hasta el 31 de diciembre.
La reducción de los precios incluye a todos los títulos multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado o entidades estatales.
En cuanto al incentivo para la reducción de los precios de los abonos transporte de las comunidades autonómicas y entidades locales, Sánchez ha señalado que estos organismos van a poder completar las rebajas hasta en un 50 % «con recursos propios».
La financiación de ambas reducciones en el precio será sufragada íntegramente por el Gobierno de España, ha comunicado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El presidente ha explicado que el principal motivo de estas reducciones en el precio de los abonos para el transporte público es «incentivar» su uso.
En Madrid, ha puesto como ejemplo Sánchez, un bono mensual para trenes de cercanías de Renfe tiene un coste de 29 euros, por lo que con la nueva medida pasaría a tener un precio en el entorno de los 14,5 euros.
En Barcelona, ese mismo título cuesta 25,5 euros, ha añadido, y pasaría a costar unos 12,70 euros; en tanto que el de Sevilla, con un precio de 34,70 euros, se reduciría hasta 17,35 euros.
Esta medida forma parte del segundo paquete de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que complementa al aprobado el pasado 29 de marzo.
