La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es favorable a retrasar el cierre del parque nuclear español, empezando por el aplazamiento de la primera de las centrales que tienen previsto su cierre, la planta de Almaraz (Cáceres), cuya fecha de clausura de sus dos reactores está prevista para 2027 y 2028.
Así lo detalló ayer el investigador Diego Rodríguez, en la presentación del informe de Seguimiento del plan de Transición Energética, quien explicó que las circunstancias actuales justifican, «por el interés general», una modificación del protocolo de cierre para reducir las necesidades que «hoy, sí o sí, suplirían esa menor producción nuclear, que sería una mayor entrada de los ciclos combinados con total seguridad».
Para este experto, «es sensato no proceder a los cierres de los dos grupos de Almaraz», previstos para el 2027 y el 2028 «y llevarlos hasta finales de esta década».
Para Fedea, alargar el calendario no es normativamente complejo. «Es modificar una orden ministerial que se modifica con otra orden ministerial» y que, en su opinión, está justificado por el interés general. Martínez reconoce que esta adaptación del apagón nuclear «está ligada a todos los aspectos fiscales», como el impuesto a la generación, «que pagan inicialmente las centrales de generación, pero que se transmite de forma automática al consumidor de energía», y que, una vez solucionado el problema del déficit de tarifa, «no hay ninguna causa que motive su mantenimiento»; o el impuesto especial, que reducirlo sería «perfectamente factible».
La semana pasada las propietarias de la central extremeña (Iberdrola, Naturgy y Endesa) llegaron a un acuerdo para frenar su cierre en el 2027 y sentarse en una mesa de negociación con el Gobierno para analizar la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central. En las últimas semanas, el Gobierno se ha abierto a revisar el calendario del cierre nuclear. Incluso el propio presidente, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a pactar unas nuevas fechas si así lo piden las compañías eléctricas. Eso sí, con la condición de que el coste corre a cargo de sus dueños «ultrarricos».
