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Las empresas que desarrollen planes de pensiones para sus trabajadores podrán descontar de las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones a dichos planes con un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.
Esta es una de las novedades incluidas en el proyecto de ley de impulso a los planes colectivos de empleo aprobado este martes por el Consejo de Ministros en segunda vuelta para su remisión a las Cortes, según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Además, el trabajador podrá hacer a los planes de empleo una aportación mayor a la de la empresa a efectos de la deducción en el IRPF, cuando hasta ahora su contribución solo podía ser igual a la de la empresa.
El trabajador se deducirá de la base imponible del IRPF su contribución al plan de empleo, que podrá llegar a 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros, a 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros, a 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros, y a igual cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros (sin que sumen ambas más de 8.500 euros).
Los autónomos se podrán deducir un máximo de 5.750 euros anules.
El ministro ha destacado que con esta ley -que constituye un hito del plan de recuperación a cumplir en el primer semestre de 2022- se favorecerá el desarrollo de los planes colectivos de pensiones, especialmente entre las rentas medias y bajas.
La norma tiene como principal objetivo elevar la cobertura de los planes de pensiones colectivos, "un propósito en el que la negociación colectiva tendrá un papel fundamental", ha dicho.
Para ello, el texto facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes.
La idea es que las comisiones sean mucho más competitivas que las de los planes de pensiones individuales y, aunque se llegó a plantear un tope del 0,3 %, fuentes de la Seguridad Social han explicado que esta cuestión quedará para el trámite parlamentario o el posterior desarrollo reglamentario.
Gobernanza de los fondos
También se han incluido modificaciones en los órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública, de forma que la comisión promotora y de seguimiento estará formada por 9 miembros, todos funcionarios, 5 de ellos procedentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta comisión seleccionará las entidades gestoras y depositarias, establecerá la estrategia de inversión a largo plazo, constituirá los fondos de pensiones y nombrará a los miembros de la comisión de control especial.
La comisión de control tendrá 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios, y se encargará de la representación del fondo, la política de inversión, el control del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora o depositaria y la eventual decisión sobre su sustitución.
Ante la falta de acuerdo en el diálogo social sobre esta norma, Escrivá ha asegurado que nunca se aspiró a que fuera una ley pactada con patronal y sindicatos, y ha destacado que muchas de las observaciones realizadas por los agentes sociales "se han acomodado".
CCOO ha señalado en un comunicado que este proyecto no ha contado con acuerdo en la mesa de diálogo social por "sus limitaciones" y ha considerado que los fondos de pensiones de promoción pública serán "una iniciativa de dudosa relevancia".
El presidente de la asociación de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha asegurado en declaraciones a los medios que su asociación "tratará de promover un plan específico para su colectivo para mejorar las pensiones de jubilación de 3,3 millones de autónomos".
Asimismo, ha calculado que más del 10 % de los autónomos podrían acogerse a este nuevo sistema en el primer año de vigencia, que permitirá "sacar de los planes privados los capitales que están invertidos y llevárselos a planes con garantía pública".
