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Una piscina nueva, la remodelación del servicio de agua o un colector. Son algunos de los proyectos que Vila-rodona, un municipio de 1.200 habitantes en el Alt Camp, ha podido hacer en los últimos años gracias al dinero del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que ha ingresado por la autopista AP-2 que discurre por el término. Solo hay que ver, sobre un mapa, el largo meandro que realiza la vía rápida, dibujando prácticamente una S de más de ocho kilómetros en el ámbito municipal.
Con el levantamiento de barreras, la administración local dejará de ingresar ese dinero. «Nos afecta mucho, es un golpe. Estamos hablando de 170.000 euros para 1,6 millones de presupuesto que tenemos. Es un 10%. No afectará a la viabilidad del ayuntamiento pero es un freno importante a las inversiones», explica Marc Badia, concejal de Hacienda. Es una de las poblaciones tarraconenses más agraviadas por este tijeretazo indirecto pero ya previsto que el final de los peajes va a tener sobre las arcas municipales. 27 ayuntamientos perderán algo más de tres millones en concepto de la contribución que ingresaban por tener una autopista en su término.
El quebradero de cabeza varía en función de la dimensión del núcleo y de la previsión y gestión que se haya hecho. «Es verdad que nosotros, desde el principio, sabíamos que estábamos ante unos ingresos extras durante unos años que luego perderíamos. Por eso no lo repercutimos nunca como un aumento del gasto corriente, porque se acabaría algún día y aquello tendría fecha de caducidad, sino que lo dedicamos a inversiones», cuenta Badia. Eso no quita que el consistorio lamente el perjuicio. «Nos ha permitido ahorrar dinero y hacer inversiones importantes y que necesitábamos, porque había infraestructura que se había quedado antigua. Han sido obras que no eran ningún lujo asiático. Eso, en un contexto en el que los ayuntamientos están infrafinanciados, es importante», apunta el concejal tarraconense de un ayuntamiento que entendió esa financiación extra como un balón de oxígeno temporal.
En Banyeres del Penedès los planes también quedarán seriamente trastocados. El alcalde, Amadeu Benach, pone un ejemplo muy ilustrativo: «Para nosotros es como si hubiera cerrado la mejor empresa del municipio».
El hachazo económico es contundente: van a dejar de percibir unos 230.000 euros para un presupuesto de alrededor de tres millones. Es más del 7%. Con ese montante han podido, durante estos años, cancelar los créditos que arrastraban y reducir la deuda. Ahora se preparan para una planificación más ajustada. «Tendremos que recortar en algunas cosas, pero queremos seguir sin subir impuestos al ciudadano. Habrá que amoldarse a estas condiciones y no pensar tanto en grandes proyectos», dice Benach.
Esperando una compensación
No hay mucha confianza en que a corto plazo puedan recuperar esa línea de ingresos. «De momento hay que vivir así, no sabemos si cuando se instaure algún sistema como la viñeta podría haber una compensación para los municipios», agrega Benach.
En términos absolutos, Tarragona es la ciudad de la provincia que más pierde, porque es quien suma más kilómetros de autopista, en concreto de la AP-7. Sin embargo, los alrededor de 533.000 euros anuales constituyen solo el 0,3% del presupuesto. En parecida situación está Vila-seca. El impacto es mayor en aquellas localidades más pequeñas.
La situación es conocida en otros ayuntamientos de la provincia, que vivieron el mismo caso el año pasado. Los ocho municipios de las Terres de l’Ebre por donde pasaba la AP-7 dejaron de ingresar en 2020 alrededor de 1,4 millones de euros por el IBI que abonaba Abertis. Con el final de la concesión, que supuso la liberalización de peajes desde Vila-seca hasta Alicante a partir del 1 de enero, la titularidad pasó a ser de Fomento, que está exento de pagar. L’Ametlla de Mar dejó de percibir 354.000 euros y Ulldecona 270.000 mientras que Freginals estuvo entre quien más pagó las consecuencias: 129.500 euros que eran el 21% del presupuesto. Todos ellos tuvieron que amoldarse a la nueva situación, que no comporta problemas económicos graves pero sí restringe las nuevas inversiones.
