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La inflación está cambiando los hábitos de los consumidores, que se decantan por productos más económicos, pero también la forma de gestionar las empresas. Así, un efecto positivo que está teniendo es que está forzando a las compañías a exigir antes el cobro de las facturas y, a su vez a reducir la morosidad, lo que ha permitido que el periodo medio de pago se acorte en el último año y se sitúa en los 82,1 días en el primer trimestre de 2023, según el Observatorio de Morosidad presentado este martes por Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, a día de hoy aún siete de cada diez facturas se pagan fuera del plazo acordado, y solo el 27% se abona de forma puntual. Pese a ser poco más de una cuarta parte los que evitan la mora, se trata del mayor porcentaje de los últimos cinco años e implica además una mejora interanual de 1,3 puntos porcentuales, según los datos del informe.
No hay que olvidar que esta proporción se redujo en siete de los últimos nueve trimestres y que, tanto en el primer trimestre de 2020 como en el de 2021, la misma superó el 31%.
El incremento de la proporción de facturas pagadas puntualmente se hizo a costa, fundamentalmente, de aquellas abonadas hasta 30 días después de la fecha inicialmente acordada. Este grupo continúa siendo, por amplia diferencia, el más numeroso, con un 68% del total en el primer trimestre, 1,7 puntos porcentuales menos que un año antes.
Desde la patronal ven «preocupante» el incremento de la proporción de facturas pagadas entre 31 y 60 días después de la fecha acordada, que en el primer trimestre fueron el 2,5% del total, ocho décimas por encima de un año antes.
Se trata de la segunda proporción más alta desde 2016. El 1,5% restante tardan más de 60 días en abonarse, plazo que la ley ya considera impago y que está ocasionado en su mayor parte por la Administración y las grandes empresas. Cuanto menor es el tamaño de la empresa, más alta es la proporción de facturas pagadas puntualmente, aunque también mayor el porcentaje de facturas pagadas más de 30 días después del plazo originalmente pactado.
Así, las empresa grandes pagaron puntualmente el 12,7% de las facturas, mientras que se elevó al 42,7% en las pequeñas e incluso en las microempresas ascendió al 48%.
Gestión más cauta
El tiempo en que las empresas abonan sus facturas ha crecido ligeramente en este primer trimestre respecto al ultimo del año pasado pero se ha recortado de forma importante en el último año hasta situarse en 82,1 días, el plazo medio más breve para este periodo desde 2015. «Esa gestión más cauta de la tesorería busca evitar la erosión del valor real de los cobros pendientes que provoca la inflación y paliar el aumento del coste financiero de la deuda comercial», argumenta el informe.
Porque aquí sí impacta de lleno la inflación. El coste financiero de la deuda comercial duplica en el primer trimestre el del mismo periodo del año anterior y escala hasta los 2.649 millones, un 97,5% más que un año antes. Desde 2011, las pymes no sufrían un coste tan elevado de su deuda comercial.
La deuda comercial total -ordinaria y morosa- del conjunto de las pymes, causante de ese elevado coste financiero, rozó los 200.000 millones de euros, un 19,2% más que un año antes. Este volumen y su evolución al alza, en un contexto de intereses más altos, demuestra la dificultad que a las pymes les suponen los retrasos en los pagos, sortear los vetos legales para alcanzar pactos entre las partes más allá de los 60 días y contener el desajuste temporal que supone la inflación, lo que limita la capacidad de aumentar la capacidad productiva del negocio.
