El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Apenas un 10% de los comercios españoles cumplirá con la nueva medida que entró en vigor este viernes y que les obliga a contar con un sistema automático que mantenga las puertas cerradas para conservar la temperatura interior, tal y como estableció el Gobierno en el decreto de ahorro energético aprobado el pasado mes de agosto, según estimaciones de la Confederación Española de Comercio (CEC).
La patronal del sector considera que son varias las razones por las que bares, restaurantes, supermercados o peluquerías que cuenten con un sistema de refrigeración no ha instalado el cierre automático de puertas. En primer lugar, la ausencia de un plazo «realista y razonable» para acometer estas modificaciones, ya que se calcula que hay entre 100.000 y 120.000 establecimientos en España que necesitan esta adecuación. «Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta», advirtió Rafael Torres, presidente de la CEC.
Además, desde esta organización recuerdan que el decreto ley se está tramitando finalmente como proyecto de ley, por lo que previsiblemente las enmiendas presentadas introducirán cambios y, por tanto, «lo lógico y sensato es esperar a que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir».
Otro factor clave es el económico
El Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por valor de 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. Sin embargo, desde la patronal del comercio indican que «la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago». Para acometer estas modificaciones la CEC estima la necesidad de destinar unos 200 millones de euros.
Por todo ello, desde la Confederación Española de Comercio piden al Gobierno una moratoria «razonable» de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley que permita realizar los proyectos de adecuación con certidumbre y dar tiempo a las comunidades autónomas para publicar y pagar las ayudas prometidas.
