El ministerio fiscal ha elevado hasta 48 años la pena de prisión para uno de los seis acusados del asesinato que se cometió en un cortijo en Masllorenç (Baix Penedès) en 2019. La fiscalía ha rebajado las peticiones iniciales que superaban los 40 años por la mayoría de los procesados por peticiones inferiores de quince años.
El juicio ha acabado este viernes 2 de diciembre con los alegatos finales de los abogados defensores, los cuales han reiterado la inocencia de sus representados y han asegurado que no se han podido acreditar las causas de la muerte de una de las víctimas del asalto y que tampoco ha quedado probado el robo de marihuana. El jurado popular empezará a deliberar después del puente de la Purísima.
En sus conclusiones finales, hechas este jueves, el fiscal ha asegurado que durante las dos semanas de juicio se han acreditado los hechos delictivos imputados a los seis procesados, a los cuales se les acusa de los delitos de asesinato, de tentativa de asesinato, de robo con violencia, de un delito contra la salud pública y de pertenencia de grupo criminal. Según él, se ha probado que planificaron el asalto al domicilio, conocido como mas Artesà, y que robaron la marihuana para venderla a posteriori, con las declaraciones tanto de los testigos como las de los propios procesados. También lo prueban los informes periciales que certifican que la marihuana encontrada en el domicilio -que pertenece a la misma cosecha que la robada- tenía entre 15 y 20% de THC.
Además, el fiscal ha afirmado que ha quedado acreditado que una de las víctimas heridas durante el asalto murió a consecuencia de las lesiones provocadas por los golpes recibidos mientras se cometía el robo por parte de los acusados. En este sentido, he remarcado que la muerte fue por un traumatismo craneoencefálico con hematomas subdurales bilaterales. «He sacado a gente que antes acusábamos de delitos muy graves porque no tengo pruebas para poderlos acusar. La fiscalía no ha llegado a ningún acuerdo con nadie», ha asegurado el fiscal.
Por todo ello, el ministerio fiscal, ahora, ha solicitado 48 años y 43 años para dos de los imputados a quienes inicialmente les pedía 43 años por todos los delitos. Además, ha rebajado hasta 15 años y diez meses de prisión para uno de los procesados, alegando la atenuante de confesión. Para los procesados a quienes también pedía 44 y 43 años, el fiscal ha modificado las peticiones a seis años y un mes y cuatro años y un mes, respectivamente. Por el hombre, acusado solo de tráfico de droga con una petición inicial de dos años, finalmente, le atribuye el delito de pertenencia a grupo criminal, pero solicita solo un año y tres meses de prisión.
Las defensas piden la absolución
La mayoría de los abogados defensores han insistido que no se ha podido encontrar la droga y, que, por lo tanto, no se puede juzgar a sus representados por este delito. Consideran que tampoco se ha probado la participación de todos ellos en los hechos. Así mismo, los letrados han destacado que no se hizo la autopsia a la persona muerta y que no se han podido acreditar que las causas de la muerte fueran por la pelea entre los miembros del grupo y las dos víctimas.
También han apuntado que las acusaciones del fiscal se basan principalmente en la declaración de uno de los acusados que ha confesado los hechos, las cuales, dicen, no tienen credibilidad. «No es un motivo para mentir, la rebaja de más de 40 a quince años con comparación con el resto?», ha preguntado uno de los abogados.
El juicio ha culminado con la intervención de dos de los imputados que han hecho uso del derecho de última palabra. Ambos, han asegurado que no presionaron a ningún miembro del grupo para formar parte del robo y que han “perdido su vida” y la relación con los familiares a raíz de la acusación de los delitos de asesinato. Los dos han reiterado que son inocentes. El tribunal tiene previsto entregar el objeto de veredicto a los miembros del jurado popular el próximo 12 de diciembre, cuando empezarán a deliberar.
