El caso del chalet Villa Enriqueta de Salou puede convertirse en un nuevo culebrón en Salou. Si el tema de la antigua Aduana ya viene trayendo cola desde hace años en la capital de la Costa Daurada, ahora el que fuera restaurante Villa Alexander promete también grandes dosis de incertidumbre.
Fue en 2008 cuando Villa Alexander abrió sus puertas como local de restauración con los consiguientes permisos concedidos por el Ayuntamiento de Salou en su momento.
El empresario del ocio nocturno salouense Hilario Benítez invirtió varios millones, a través de la sociedad Turispatrimonial, para convertir esta conocida joya arquitectónica situada en pleno paseo Jaume I en un templo del buen comer.
Los primeros contratiempos en su construcción surgieron de las filtraciones de agua dada la proximidad de playa de Llevant.
Sentencia demoledora
Sin embargo, el percance definitivo apareció a raíz de la sentencia dictada el 23 de marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La misma anulaba las licencias de actividad, obras y primera ocupación por irregularidades arquitectónicas. El TSJC consideró entonces que las reformas realizadas en el edificio a partir de 2004 no se ajustaban a lo marcado en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Salou.
Poco días después, el 31 de abril, la Policía Local de Salou clausuraba definitivamente el local hasta el día de hoy. Esos últimos hechos ocurrieron justo cuando el propietario del inmueble y La Piamontesa estaban a punto de cerrar el acuerdo para que en el local se instalase la conocida cadena de comida italiana.
El Ayuntamiento recuerda la sentencia del TSJC y la empresa pide una indemnizaciónEn su momento, para algunos el del Villa Alexander ha pasado a ser el caso a la salouense del Fortí de la Reina de Tarragona. Aquello acabó con la completa desaparición del restaurante. Ahora, el Villa Alexander sigue en el aire y nadie se aventura a asegurar cual será su final definitivo.
Por un lado, el concejal delegado de Gestió del Territori, Marc Montagut, recuerda que «estamos hablando de una licencia provisional del año 2004, y con todos los informes favorables. Ahora hay una resolución judicial y, desde el actual Gobierno, hemos de dar cumplimiento a esta sentencia, la hemos de acatar, ya que estamos en un estado de derecho». Asimismo, señala que «el Ayuntamiento deberá examinar y aprobar el proyecto y entonces el propio consistorio requerirá al propietario que ejecute las obras».
Precisamente, por el otro lado, el empresario no quiso hacer declaraciones sobre su solicitud de indemnización al Ayuntamiento salouense al respecto de 6,7 millones. De dicha cantidad, 5.096.859,80 euros corresponderían en concepto de inversión realizada en el chalet. La cifra incluye el IVA y se justifica porque las obras estaban dimensionadas para un aforo de 300 comensales y no de 86, como obliga la sentencia. Además, la sociedad calcula en 900.000 euros el coste de oportunidad y en 21.780 los gastos de abogados para los recursos.
Dadas ambas posturas, ahora entramos a los postres para conocer el final del caso.
