El estafador ruso con 2.000 millones que se escondía en Salou

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido esta mañana a un presunto estafador buscado por la Interpol

| Actualizado a 01 diciembre 2022 13:37
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La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido a primera hora de esta mañana a un ciudadano ruso de 35 años de edad que estaba buscado por la Interpol. Este cuerpo de seguridad europeo había emitido una orden internacional de busca y captura. El operativo ha contado con integrantes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) procedentes de Barcelona que han acordonado la zona y han neutralizado cualquier vía de escape del sujeto.

La razón era que el acusado estaría relacionado con estafas de depósitos bancarios que alcanzarían los 2.000 millones de euros.

El dispositivo de la Guardia Civil se ha desplegado en la calle L’Ametlla de Mar de la capital de la Costa Daurada y han irrumpido en la vivienda donde estaría el presunto estafador, que ha sido detenido y llevado a la Comandancia de la Guardia Civil.

La operación llevaba días trabajándose hasta que se ha verificado que el inquilino de un chalet de lujo de esta calle tendría documentación falsa y sería el presunto integrante de la banda criminal que habría estafado a cientos de personas, la mayoría residentes en Kazajistán.

El acusado salía rara vez de su vivienda y extremaba las medidas de seguridad. Por ello su seguimiento durante los días previos fue meticuloso para que no sospechara de que iban a por él en el momento en que se tuviera luz verde.

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El detenido formaba parte de una organización criminal de carácter trasnacional formada por seis personas, en su mayoría rusos, que habían creado y registrado en Kazajistán, varias empresas de carácter financiero, que imitaban actividades de inversión, que realmente nunca se daban, siguiendo el principio de la pirámide financiera o esquema piramidal.

Casi 700 víctimas de la organización, han llegado a perder 1 billón y 60 millones de tenge kazajo (moneda nacional de ese país asiático), que es el equivalente a más de 2.000 millones de euros, en depósitos financieros, de los que la organización se apropió ilícitamente.

Ofrecían dividendos de más del 200 por cien anual, lo que incitó a muchas de las víctimas a recomendar las inversiones a amigos y conocidos.

Las estafas tuvieron lugar de marzo del año 2016 a julio de 2017 afectando a víctimas de diferentes nacionalidades.

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona.

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