La exconcejal Francisca Felguera y el abogado Xavier Xifra han quedado absueltos en el juicio de la pieza separada número 1 del caso Torredembarra sobre presuntas irregularidades en el alquiler de dos locales.
La absolución se conoció durante la última sesión celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Tarragona, cuando la presidenta del tribunal hizo este anuncio in voce (verbal) antes de que las partes realizaran sus informes finales. Dicha resolución será recogida en la sentencia que se dictamine en su día.
Tanto Felguera como Xifra estaban acusados de malversación de caudales públicos por parte del fiscal y de malversación y prevaricación por la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Torredembarra en este caso. Ambas partes decidieron retirar los cargos al descartarse su participación.
En el caso de Xifra, abogado contratado en su día por el Ayuntamiento para asesorar de forma externa y objetiva sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), su defensa (encabezada por Laura Cedó y Francesc Artero) pudo acreditar ante la sala que los informes realizados no resultaban determinantes para la toma de decisiones por parte de los órganos municipales. Estos informes se limitaban a asesorar jurídicamente, de forma externa y objetiva, respecto a esas presuntas irregularidades y sobre el procedimiento a seguir en la modificación de uno de dichos contratos.
La exconcejal Francisca Felguera afirmó en su declaración, por su parte, que todo el mundo en el municipio conocía la carencia de equipaciones municipales para entidades culturales y asociaciones vecinales. «Nunca he recibido ningún tipo de orientación en ningún expediente. He votado concienzudamente y volvería a votar lo mismo porque el hecho de poder pagar el alquiler en doce años en lugar de cuatro era un beneficio para el Ayuntamiento», dijo. Insistió que no obtuvo «ningún beneficio» por haber votado los acuerdos para contratar los arrendamientos.
La otra gran novedad de la penúltima sesión del juicio fue que las dos acusaciones añadieron la petición de delito de fraude a la administración pública al resto de los encausados. Una decisión que motivó que las defensas alegaran indefensión, ya que consideraron que durante el juicio no se habló ni se valoraron hechos ni pruebas sobre este supuesto delito. Además apuntaron que ha habido dilaciones indebidas en el proceso.
«Tramitaciones correctas»
En las declaraciones de la sesión de este jueves los concejales y técnicos municipales defendieron que los arrendamientos activados (en 2011) eran necesarios por la carencia de locales para las entidades culturales, asociaciones vecinales y para trasladar las dependencias de la Policía Local a unas mejores instalaciones.
Los acusados reiteraron que la tramitación de los expedientes se hizo correctamente y que suponía un beneficio para los vecinos. También remarcaron que ninguno de ellos recibió ningún beneficio económico directo o indirecto por votar a favor de la contratación de estos inmuebles.
El propietario del local de Clarà (pensado para los castellers), Rafael Jiménez, explicó que había publicitado el alquiler o venta del inmueble previamente a la firma del contrato de arrendamiento con el Ayuntamiento. El acusado también expuso que vieron el local casi todos los ediles y que le comentaron que le darían un uso social.
