«No queremos que un hotel en forma de guitarra eléctrica sea el símbolo del Camp de Tarragona, ni queremos ser la sede nacional de la ludopatía y el juego. Tenemos que mirar al futuro y construir un movimiento que guíe el cambio en el territorio». De esta forma rechaza la plataforma Aturem Hard Rock el macrocomplejo de turismo y ocio proyectado en terrenos del CRT de Vila-seca y Salou a través de un manifiesto que hizo público ayer y que ha rubricado medio centenar de personalidades de toda Catalunya.
Se trata de nombres vinculados a la política, la cultura, el activismo o el mundo académico. Entre ellos se encuentran políticos vinculados a ERC, como los diputados en el Parlament Jenn Díaz y Rubén Wagensberg o el expresidente del partido en el Camp de Tarragona, Ferran Civit. Otros políticos como Laia Estrada, Anna Gabriel, David Fernández o Jessica Albiach también han suscrito el documento, junto a otros nombres como Jordi Borràs, Albano Dante Fachín, Lluís Gavaldà, Joan Reig, Joan Magrané, Jordi Martí, Eudald Carbonell, Sergi Saladié, José Mansilla o Antonio Russo.
El texto elaborado por la plataforma contraria al macrocomplejo insiste en que «no es un proyecto necesario para el territorio del Camp», y que su implantación «solo llevará más desigualdades económicas, laborales y sociales y provocará un grave impacto ambiental». Entre los argumentos, el portavoz del colectivo, Eloi Redón, esgrimió la presión que supondría este resort en materia de consumo de recursos como el agua, así como «las graves repercusiones para la salud mental de la gente trabajadora del Camp», en relación a un posible incremento de la ludopatía.
El manifiesto se abrió ayer a la ciudadanía y en las primeras horas consiguió cerca de 200 adhesiones. Estas firmas se presentarán posteriormente a la conselleria de Territori i Sostenibilitat y presidencia de la Generalitat «para que nos tengan en cuenta», reclama Redón. El colectivo, además, ha anunciado que prepara una acción de cara al 19 de diciembre, con una mesa redonda en Tarragona para conmemorar los diez años de lucha contra la inversión anunciada en 2012.
Proponen destinar los 120 MEUR del INCASÒL a cambiar el modelo económico del territorio
El manifiesto exige la retirada inmediata del proyecto de Hard Rock o cualquier otro parecido y reclama «la construcción de una alternativa al modelo turístico de la Costa Daurada». En este sentido, propone destinar los 120 millones de euros de la operación de compraventa que tiene reservados el INCASÒL «para cambiar el modelo socioeconómico de las comarcas del Camp».
Desde el colectivo hacen hincapié en la precariedad laboral que, consideran, acarrearía esta inversión y consideran «una urgencia» impulsar un cambio de modelo económico. «Entre 2009 y 2019 la Costa Daurada ha pasado de recibir 2 a 5 millones de turistas anualmente, mientras el poder adquisitivo de las vecinas ha disminuido», alertan. En esta línea, ejemplifican que, «a pesar de que Salou concentra más del 40% del total de pernoctaciones de la Costa Daurada, es el municipio más turistificado y con la renta familiar más baja del territorio».
Contencioso contra el PDU
Después de que el informe negativo del departamento de Acció Climàtica lo retrasara, Aturem Hard Rock cree que la aprobación definitiva de la modificación del PDU podría llegar en la próxima Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, programada para el 14 de diciembre. Si eso se produce, ya han avanzado que prepararán un nuevo contencioso administrativo para defender sus reivindicaciones ante la justicia. «¿Qué harán entonces? ¿Volverán a tirar miles y miles de euros en un proyecto que se arrastra desde hace diez años y que ya se ha demostrado que es fallido?», se preguntaban ayer los portavoces del colectivo.
No obstante, fuentes de la conselleria de Territori negaron al Diari que esa sea la fecha en la que se aprobará el documento. En este sentido, apuntaron que todavía se está trabajando en la elaboración de los informes necesarios y posteriormente habrá que retocar el contenido del PDU. Es por ello que, a un mes vista, con casi toda probabilidad la luz verde definitiva al planeamiento no llegaría este 2022.
