La Audiencia Nacional propone juzgar al ex alcalde de L’Ametlla de Mar Andreu Martí, el de Torredembarra Daniel Masagué, el de Vandellòs Josep Jaume Castellnou y el de Ascó Rafel Vidal, todos ellos de CDC, por prevaricación y malversación de caudales públicos, según ha informado el alto tribunal.
Los cuatro forman parte de la investigación llevada a cabo por el juez José Luís Calamasa, que acusa dentro del mismo caso a quince personas más, todas por presunto arreglo irregular de contratos en catorce ayuntamientos catalanes a favor de la consultora Efial. El procedimiento deriva de una investigación iniciada el 2013 en el Juzgado 1 del Vendrell a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Torredembarra.
De aquellas diligencias se derivaron varias piezas al Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional que ahora concluyen con el paso a procedimiento abreviado en la investigación principal.
Efial
Según el parecer del magistrado, la llegada de Efial a diferentes ayuntamientos constituyó una «herramienta válida» para «conseguir el direccionamiento» a la adjudicación de contratos y «eliminar la libre competencia».
El escrito de Calamasa detalla la actuación de los responsables de la firma, los investigados de los ayuntamientos afectados, entre ellos los cuatro ex alcaldes, y el «fraude cometido a través de esta forma ilícita de contratación», que cifra en 8,7 millones de euros.
La resolución indica que Efial emitía informes que contradecían los de los interventores y secretarios municipales, de tal manera que «se otorgaba una aparente cobertura de ilegalidad» a determinadas decisiones y resoluciones «que en algunos casos se han mostrado contrarias a derecho».
La consultoría se había llegado a situar en algún consistorio como un «ayuntamiento paralelo» que tenía el objetivo «de evitar cualquier tipo de control administrativo, así como de cara a burlar las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas».
Según Calama, el mecanismo de actuación era la Empresa Pública Empresarial (EPE), «que parece únicamente encaminada a favorecer la relajación del control administrativo y rebajar el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública».
En paralelo, el juez considera que «no hay indicios» para considerar que las contrataciones en los ayuntamientos de Vilassar de Dalt y Tàrrega con Efial «tengan carácter delictivo», y acuerda el sobreseimiento provisional de dos de los investigados.
