El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, estuvo ayer en Tarragona, donde incluyó en su agenda una visita al Diari de Tarragona. Hoy viernes proseguirá con reuniones de trabajo en Terres de l’Ebre.
El pasado otoño, el nuevo Govern se comprometió a reenfocar el funcionamiento del Fons de Transició Nuclear, destinado a buscar alternativas al cierre de las centrales de Ascó y Vandellòs. ¿Qué se ha hecho desde entonces?
No es que antes estuviera mal diseñado, pero toda política es mejorable. En esta línea, queremos reforzar la proximidad: que las decisiones se tomen desde el territorio, no desde Barcelona. La gobernanza es compleja: están la Xarxa Impuls, la Secretaría Técnica y el órgano de gobierno del fondo, que incluye municipios, consejos comarcales y agentes sociales como CCOO, UGT, las Cámaras de Reus y Tortosa, Pimec y Foment. Queremos que el fondo llegue realmente al territorio. También queremos que se perciba esta proximidad. Nos estamos dejando la piel: el secretari de Competitivitat visita el territorio cada quince días. Y queremos facilitar la previsión: que los territorios no solo sepan qué recibirán cada año, sino que puedan planificar hasta 2030 o 2031. Y, por último, no queremos que el fondo se destine solo a empresas y municipios, sino también a infraestructuras, suelo industrial o conectividad. En resumen: proximidad, previsión y ampliación del alcance.
«Impulsaremos las líneas necesarias para que la industria tenga la energía que necesita, para que el desarrollo industrial no se frene»
Esa proximidad ya existía, ¿no? De hecho, que los ayuntamientos hayan tenido tanto peso ha sido un motivo de crítica. Hay quien reclama menos placas solares en el casal d’avis y más inversiones industriales...
En 2023 se aprobó una modificación legal, con apoyo del Parlament, que permite ciertos pagos ‘a escote’. Pero no puede financiarse cualquier cosa: el Fons de Transició Nuclear está pensado justo para lo que comenta. Tenemos unas 3.000 personas que pueden perder su empleo, y este fondo debe servir para atraer empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Ese es el objetivo. Por eso, si en 2023 se financiaron proyectos que no encajan y se verifica, podría exigirse la devolución del dinero. No es un fondo para bibliotecas o piscinas, eso está claro. La ley 5/2020 lo especifica: se trata de sustituir los puestos de trabajo que se perderán [con el cierre de las centrales nucleares a partir del año 2030]. Eso, creo, está más claro que el agua.
¿Y qué han pensado, entonces? ¿Cómo lo haremos?
Ahora vienen las novedades. En línea con esa previsibilidad de la que hablábamos, hemos creado una nueva línea específica, singular, que no depende de las líneas genéricas de la Generalitat. Este año hemos destinado 35 millones de euros a empresas que quieran invertir en cualquiera de los municipios afectados por la planificación del Fons de Transició Nuclear. Y que lo hagan en nuevas inversiones en activos, en la elaboración de planes de crecimiento empresarial, en la creación de nuevo empleo, en emprendimiento en negocios de valor añadido tecnológico, en cooperación entre empresas o en la implantación de proyectos tecnológicos orientados a la digitalización o la sostenibilidad. Cada vez concretamos más el uso de estos fondos.
«Queremos que las decisiones se tomen desde el territorio, no desde Barcelona»
Concretemos, pues. ¿Son 35 millones anuales adicionales, o forman parte de los aproximadamente 80 millones procedentes de la ecotasa?
Según el año, efectivamente, contamos con unos 80 millones de euros procedentes de la ecotasa. Estos 35 millones no son adicionales, forman parte de esa cifra. Es decir, dentro de los 80 millones, hay 35 asegurados para este objetivo. Antes, en la zona Penta I hubo unos 2 millones de euros por municipio; en el Penta II, poco más de 400.000 euros. Se asignaban según justificaciones. Ahora van directamente a empresas con capacidad de crecimiento, para que generen empleo. El objetivo político sería que esos 3.000 trabajadores no pierdan su empleo o lo recuperen rápidamente. Por eso queremos que una parte clara y previsible de esos 70–80 millones vaya a empresas que quieran invertir y crecer. Somos el Departament d’Empresa i Treball, y nuestra prioridad es evitar la pérdida de estos empleos o recuperar el mayor número posible, a través de estas seis líneas de actuación.
¿Cómo piensan conseguir que esos proyectos inversores tengan claramente impacto y sean tractores?
Como le decía, hemos modificado la gobernanza para que sea más cercana y transparente. Participan siete consejos comarcales, siete municipios, los dos de zonas nucleares y todos los agentes sociales. Tenemos en la mesa a los actores afectados: municipios, entes supramunicipales y representantes de empresas y trabajadores. Lo que proponemos son mecanismos sólidos de gobernanza y decisión. Uno: más cercanos. Dos: más previsibles. Este año hay 35 millones, y queremos que se repita hasta 2030. En resumen: previsibilidad, transparencia y proximidad. Y tenemos previsto que estos 35 millones lleguen a 200 empresas. Esto es para empresas.
¿35 millones para 200 empresas? Son muchas. Quizás no serán grandes proyectos, ¿no? ¿Qué inversiones esperan?
Es una previsión. Veremos qué proyectos llegan. Pero el criterio principal es claro: el empleo. Siempre se priorizará el proyecto que genere más ocupación. El impacto más grave del cierre es la pérdida de puestos de trabajo, y el objetivo es recuperarlos. Lo haremos a través de circularidad, sostenibilidad, descarbonización... pero el foco es ese: empleo. Si llegar a 215 empresas o quedarnos en 80 cumple mejor ese objetivo, eso es lo que se hará.
«Tenemos unas 3.000 personas que pueden perder su empleo, y este fondo debe servir para atraer empresas que generen nuevos puestos de trabajo»
¿Y si es con solo una empresa?
Pues también, efectivamente.
En esas seis líneas que mencionaba no está la palabra ‘industria’. Quizás se dé por entendido, porque esos 3.000 empleos son industriales, pero... ¿no debería haber una mención explícita a la industria?
Sí, tiene razón. Hay que decirlo. Todo está absolutamente ligado a un proyecto mucho más amplio, que es el Pla Nacional de la Indústria. Este plan se centra en generar productividad, electrificar y descarbonizar. Y si esto es importante en Catalunya, en Tarragona lo es aún más. Por tanto, estas líneas, aunque no digan literalmente «industria», están pensadas para este tipo de desarrollo. Es relevante en Catalunya, y muchísimo más relevante en Tarragona.
Apostar por la industria también es apostar por la energía. Hoy ya hay más demanda que capacidad de oferta. El ejemplo son los 238 MW a concurso de la nueva subestación Francolí. Probablemente haya algún proyecto de inversión importante para Tarragona que se quedará fuera porque no tiene dónde conectarse. ¿Cómo piensa ayudar el Govern?
El problema energético es serio, y como tal lo tenemos sobre la mesa. Déjeme decirle tres cosas. Primero: trabajamos con el escenario de cierre de las dos nucleares, porque es una competencia estatal. Segundo: apostamos claramente por las renovables -eólica y fotovoltaica- y por la circularidad. Tercero: el Pacte per la Indústria, que acaba en 2025, ya define el nuevo marco 2026-2030, que coincide con el horizonte del cierre de Ascó. En este nuevo pacto, la circularidad y la reducción de costes energéticos son claves. La apuesta del Govern es clara: renovables, circularidad y minimizar el impacto del cierre. Y en eso estamos trabajando...
Pero seguimos a la cola de España en el despliegue de renovables. Y la petroquímica de Tarragona necesita el equivalente a lo que generan tres reactores nucleares para descarbonizarse. ¿No le preocupa?
Tanto en el Pla d’Energia como en los planes sectoriales, lo tenemos claro: sin entrar en por qué estamos a la cola en renovables -que es obvio-, lo importante es avanzar rápido. Y ya lo estamos haciendo, como con el agua. La sequía nos ha golpeado fuerte, como en Andalucía o Extremadura. ¿Qué hacemos? Construir infraestructuras para no depender de la lluvia, y lo hacemos muy rápido. Tenemos una comisión interdepartamental -Empresa, Territori, Presidència y el president- que se reúne cada quince días, aunque ahora algo menos porque hemos recuperado embalses. Pero la sequía no está superada, volverá. Por eso hacemos desaladoras, plantas regeneradoras... y con la energía haremos lo mismo. Impulsaremos las líneas necesarias para que la industria tenga la energía que necesita: fotovoltaica, eólica y, si hace falta, otras fuentes. El objetivo es claro: que el desarrollo industrial no se frene.
Estuvo recientemente en Tarragona con el ministro de Industria Jordi Hereu y el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, que destacó el papel estratégico de Tarragona en la política industrial europea. ¿Lo comparte? ¿Qué oportunidades ve?
Sí, sí... Lo que dijo el vicepresidente lo compartimos totalmente. Tarragona, además de su peso histórico con la petroquímica y su bagaje industrial, tiene un puerto estratégico y suelo disponible para crecer. Por eso, Tarragona está llamada a ser, probablemente, el punto de crecimiento industrial más importante de Catalunya. Tiene tradición, compromiso con la neutralidad climática de 2050, y las infraestructuras necesarias. Debemos aprovechar este potencial a escala europea.
