La inflación, lejos de ceder, continúa su escalada en junio con una tasa anual del 10,2%, el nivel más alto desde 1985, debido al encarecimiento de carburantes y alimentos.
La persistencia de un aumento de los precios fuera de control, que no ofrece indicio alguno de relajarse a corto plazo, ha empujado a intervenir a los bancos centrales con un aumento de los tipos de interés, ya aplicado con vigor por la Reserva Federal en Estados Unidos y anunciado a partir de julio por el BCE, cuya presidenta, Christine Lagarde, ha anunciado que la subida en septiembre podría ser mayor.
Esa medida está encaminada a frenar el desbocado ascenso de los precios para que no frustre la recuperación en marcha. Pero, paradójicamente, uno de sus inevitables efectos es una cierta contención del crecimiento al penalizar el consumo y la inversión, lo que obliga a manejarla con mucho tino tanto en los tiempos como en la intensidad para evitar que, en un contexto de deterioro de las perspectivas económicas, desemboque en una nueva recesión.
Ante un aumento de precios fuera de control, el BCE subirá los tipos. Debe hacerlo con tino para no estrangular la actividad
Ese temor ha cobrado fuerza ante la eventualidad de que un IPC insensible a las decisiones de los gobiernos desencadene subidas de tipos más agresivas de las barajadas hasta ahora. Las supuestas ventajas de ese viraje en la política monetaria del BCE no son todavía visibles. Sí lo son ya, en cambio, sus efectos nocivos para los países más vulnerables. Hay que tener en cuenta que el fuerte alza de los precios en la Eurozona no obedece a un consumo desbocado, sino al brusco encarecimiento de la energía y a otros efectos de la guerra en Ucrania, a la que no se vislumbra una pronta salida.
De ahí que sea necesario afinar al máximo la subida de tipos para que no estrangule más la actividad. El acierto del BCE en ese ámbito y en impedir una fragmentación en las garantías que ofrece la deuda de los países del norte y del sur determinará el futuro inmediato de nuestra economía.
