Catalunya se enfrenta a una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente. La sequía, exacerbada por el cambio climático y la gestión insostenible de los recursos hídricos, ha puesto en jaque no solo la agricultura y la ganadería, sino también el suministro de agua para consumo humano y la salud de nuestros ecosistemas. Este fenómeno no es solo un problema ambiental; es un desafío social, económico y político que requiere una respuesta inmediata y coordinada. La falta de precipitaciones durante los últimos años ha llevado a niveles alarmantemente bajos en embalses y acuíferos. Los agricultores, que dependen del agua para cultivar sus tierras, se encuentran en una situación crítica. Las cosechas se ven amenazadas, lo que no solo afecta a los productores locales, sino que también repercute en la economía regional y en la seguridad alimentaria.
Es imperativo que las autoridades implementen medidas de apoyo para estos sectores, garantizando su viabilidad y sostenibilidad. Los territorios que dependen del agua del Ebre tiene una situación de privilegio respecto a Catalunya, pero eso nos exige mayor responsabilidad si cabe. Las primeras medidas anunciadas por el govern de Salvador Illa son para paliar la sequía. Y una de las primeras visitas de consellers de su govern se producirá mañana en el Priorat donde la situación es insostenible. El acceso al agua potable es un derecho fundamental que no puede verse comprometido. Las comunidades más vulnerables son las que sufren con mayor intensidad las consecuencias de esta crisis. Por ello, es esencial que el gobierno catalán priorice políticas que aseguren el abastecimiento de agua a todos los ciudadanos, sin distinción. Es crucial adoptar un enfoque proactivo y sostenible en la gestión del agua. Esto implica invertir en infraestructuras hídricas eficientes, promover prácticas agrícolas sostenibles y fomentar una cultura de ahorro y reutilización del agua entre la población.