El Gobierno central se ha visto obligado a intervenir y a realizar una propuesta fiscal que bonificará a las rentas bajas mientras crea un «impuesto de solidaridad» para grandes patrimonios, con la idea de ayudar a las clases más vulnerables a sortear la crisis y la subida de precios de todos los bienes de consumo. Lo ha hecho tras semanas de anuncios de bajadas de impuestos por parte de las comunidades autónomas, principalmente del PP, aunque también se ha sumado esta semana el gobierno socialista de la Comunidad Valenciana.
Y es que la subasta fiscal en que han incurrido algunas comunidades conlleva serios peligros para el funcionamiento del Estado del bienestar. Porque ninguna de las rebajas tributarias autonómicas se atiene a los requerimientos de mantener al alza la recaudación. Y ninguna da cuenta de los efectos concretos que la medida impulsada vaya a tener, ni en las economías de cada territorio ni en las cuentas del Estado.
Las rebajas de impuestos no pueden eludir los cuantiosos recursos que precisan unos servicios públicos de calidad
La legítima y saludable competencia interterritorial por ofrecer iniciativas con resultados envidiables tiende a convertirse en una subasta de propuestas con una marcada intención electoral que luego pueden pagar muy caro los ciudadanos. Como bien advirtió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, los impuestos sirven para mantener el Estado del bienestar, es decir, los hospitales, la educación de nuestros hijos, la seguridad en las calles, las infraestructuras... La perspectiva de un otoño difícil para los sectores más desfavorecidos de la sociedad exige coberturas urgentes.
Pero es fundamental que cuadren las cuentas y que se mantenga la credibilidad del Estado de las Autonomías. Porque no es aceptable que se inicie –como algún dirigente ha pretendido– una guerra entre comunidades. La carrera por las rebajas de impuestos no puede eludir los cuantiosos recursos que precisan los servicios públicos de calidad que necesitamos.
