La situación se está tornando insostenible. El IPC de junio se sitúa en el 10,2% interanual –un panorama inédito desde 1985– y se ha incrementado en un 1,8% respecto al mes de mayo, a pesar de las promesas de que los precios bajarían.
Detrás de esta subida se encuentra la persistencia en el alza del precio de la energía y de los combustibles, que se mantienen desbocados a consecuencia de la guerra en Ucrania. En este contexto, hace unos días la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció que hará «lo que sea necesario para mantener los precios en el 2%», de lo que cabe intuir que está dispuesta a subir los tipos de interés cuanto sea necesario.
El alza de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de las familias anuncian un otoño caliente en las calles
Además, va a abandonar las compras de deuda, lo que acostumbra a desatar las diferencias entre las primas de riesgo de los países. En este panorama nada halagüeño, el poder adquisitivo de las familias ha sufrido una considerable merma –Cáritas ya ha advertido de que «se trata de una situación inasumible para muchos hogares»– que, de continuar así, anuncia un otoño caliente en cuanto a conflictividad social.
Es verdad que todos los análisis apuntan a que el episodio inflacionario es coyuntural y no responde a problemas estructurales, por lo que debería ser transitorio, y, por tanto, la crisis debería remitir según se estabilicen los mercados energéticos. Como lo es que el Gobierno ha implantado algunas medidas para intentar paliar la situación, si bien es cierto que algunas han sido ya absorbidas por el mercado, como es la bonificación a los combustibles, mientras otras, como el tope al gas, no han tenido todavía los efectos deseados.
Si la cosa no comienza a mejorar en breve, el Gobierno se verá obligado a tomar nuevas medidas que frenen la escalada de los precios y ayuden a las familias, sobre todo a las más vulnerables, a afrontar una crisis que amenaza con incrementar la desigualdad y la exclusión hasta niveles insoportables.
