Como cualquier otra persona, Rosa no pudo pagar las facturas de la electricidad. Concretamente tres, que daban una suma de 246,59 euros. Esto, le costó la vida». Así denunció y resumió el Sindicat de l’Habitatge de Reus (SHR), a través de su portavoz Issam Oudriss, la tragedia que ocurrió hace ya cuatro años y medio en la calle Santa Anna. A finales de 2016, Rosa Pitarch, una mujer de 81 años de edad, perdió la vida a raíz de un incendio provocado por unas velas. Eran el recurso que utilizaba para iluminar su vivienda, dado que no tenía corriente eléctrica. «Una semana después de cortar el suministro, se le quemó el colchón y murió en su casa».
Una cincuentena de personas se reunieron ayer en la plaza del Mercadal de Reus para mostrar su rechazo a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de la sanción de 500.000 euros que la Generalitat impuso a Naturgy (antiguo Gas Natural Fenosa) por este suceso. Una decisión conocida este martes que ha recuperado la resignación y enfado ante lo ocurrido en nuestra ciudad. «Estamos aquí para Rosa y para que su muerte no cueste ni 500.000€ ni 246 euros» siguió Issam, quien señaló a la compañía eléctrica como «el máximo responsable» de la tragedia.
La concentración evolucionó hasta una marcha desde el epicentro de la ciudad hasta la sede de Naturgy en Reus, en el paseo Sunyer. Durante el recorrido, los manifestantes alzaron la voz al cántico de «No es una muerte es un asesinato» o «Gas Natural, sois culpables». Este último lema, quedo recogido en un cartel que engancharon en la puerta de entrada de la oficina de Naturgy.
«Queremos denunciar la impunidad con la que actúan las grandes empresas y la pasividad que muestran las instituciones políticas ante la pobreza energética», justificó Edgar Fernández, miembro del SHR.
En la sentencia –no definitiva, dado que la Generalitat todavía puede presentar un recurso– el TSJC recoge los argumentos de Naturgy, defendiendo que la Generalitat no había desarrollado por decreto la aplicación de la ley que obliga a las empresas suministradoras de servicios básicos a informar de los impagos antes de cortarlos, según esta organización. Algo que, según Fernández, es falso: «Eso es mentira, la ley dice que no se puede quitar el suministro eléctrico a nadie sin antes pedir un informe de vulnerabilidad. El consistorio no envió el informe porque no se lo pidieron».
En este sentido los miembros del Sindicato remarcaron que Rosa era una usuaria habitual de Serveis Socials desde el año 2013 y que todo el mundo la conocía tanto a ella como a su familia.
«Hubo una cadena de errores que no deberían haber ocurrido», destacó el también político, Edgar Fernández, quien pidió dejar de estigmatizar la pobreza energética, así como las personas que deben ocupar las casas por no tener viviendas: «Ponedle cara y nombre a las personas, todos tenemos vecinos con problemas de vivienda. Dejemos de criminalizar la ocupación, son las víctimas».
