Esta semana me he topado con dos anécdotas que desconocía sobre Antoni Pedrol Rius (Reus, 1910-Madrid, 1992), decano del Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Consejo General de la Abogacía, senador por designación real en las Cortes constituyentes de 1977 y un largo etcétera, todo ello después de amasar una considerable fortuna con la creación del Banco Inmobiliario y Mercantil de Marruecos en Tánger.
La primera la he leído contada por Cándido Conde-Pumpido, recientemente elegido presidente del Tribunal Constitucional (TC). En un discurso sobre la Reforma Penal pronunciado en su época de Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido recordaba que «un día encontré en la Sala Penal del Tribunal Supremo a Don Antonio Pedrol Rius. Extrañado de ver allí a un reputado mercantilista, le pregunté: don Antonio, ¿qué ocurre, se ha pasado usted al Penal? Y la respuesta fue tan reveladora como premonitoria: no, yo no, mis clientes. Y es que el Derecho Penal está ahora bajo el foco de interés de quienes, seguramente con una perspectiva más estrecha que la de Pedrol, jamás habrían pensado en dedicarle un minuto a tan improductiva actividad. Y por ese camino corremos el riesgo de olvidar que el Derecho Penal no es, y no debe ser, el campo de batalla de los intereses económicos, como no es ni debe ser el terreno de juego de la contienda política».
Más allá de esta interesante reflexión, Conde-Pumpido y muchos otros juristas habrán pensado últimamente en el artículo publicado en 1978 por Pedrol Rius en el diario El País, titulado: «El Tribunal Constitucional, ese preocupante suprapoder».
En el marco de los debates sobre el proyecto de Constitución, el abogado reusense consideraba que «quizá nuestra clase política no se ha dado todavía exacta cuenta del fabuloso poder que va a entregarse al Tribunal Constitucional, permitiéndole la libre interpretación de una Constitución fundamentalmente ambigua y autorizándole, en definitiva, a rellenar tantos espacios vacíos, lo cual significa tanto como convertirle en órgano constituyente, sin debates públicos y sin apelación posible (...) Estamos creando, y conviene que seamos conscientes de ello, un suprapoder que primará de hecho sobre los demás poderes del Estado».
Pedrol Rius advertía del riesgo que «para arbitrar conflictos entre políticos, se adjudica casi íntegramente a los políticos el derecho a nombrar esos árbitros» y ejemplificaba sus temores: «¿Pero se ha pensado en el supuesto de que, siendo el Tribunal de un determinado color partidista en su origen, se encuentre después con el color opuesto en el nuevo Gobierno y en las nuevas cámaras? ¿No surgirá entonces la tentación para el partido en la oposición de utilizar su influencia sobre el Tribunal para lanzarlo como arrolladora fuerza de choque y hacerles la vida imposible al Gobierno y a las propias Cámaras?». La lectura de este párrafo, escrito en julio de 1978, estremece a la luz de los acontecimientos vividos en diciembre de 2022.
La solución defendida por el influyente letrado pasaba por hacer al TC «auténticamente independiente de los partidos. Y para ello es necesario objetivar, purificar del partidismo, las fuentes de designación de sus miembros». Con este objetivo, propuso la elección de algunos magistrados del TC por parte de los Colegios de Abogados. «Ningún partido puede aspirar al monopolio de la voluntad de los 82 Colegios de Abogados del país. Y ello por una razón elemental: somos demasiado heterogéneos en lo político y demasiado numerosos para que esa hegemonía pudiera imponerse», sostenía. Ni que decir tiene que su propuesta fue desestimada por los redactores de la Constitución.
Las tres detenciones de 1981
La otra anécdota llamativa sobre Pedrol la escuché el pasado jueves en la recepción anual de entidades del Centre de Lectura, un acto que rememora la solidaridad de la sociedad civil reusense con el ateneo a raíz de la detención en 1981 de Pere Anguera, Lluís Albert Font de Rubinat y Josep Mariné, en una redada contra el movimiento independentista al amparo de la ley antiterrorista.
La acusación de colaboración con banda armada se antojaba descabellada y lo más próximo al terror que se vivió en la ciudad fue la violenta actuación de la Policía Nacional para reprimir una concentración en apoyo de los detenidos, que tras pasar unos días incomunicados en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, fueron trasladados a la Audiencia Nacional de Madrid.
Según el relato de Antoni Nomen, el Centre de Lectura se puso entonces en contacto con Antoni Pedrol Rius por si podía interceder en la defensa de los tres arrestados. La única condición que puso el abogado reusense fue que los responsables del Centre le dieran su palabra de honor de que los tres jóvenes no tenían ninguna relación con actividades terroristas. Por unas cosas o por otras, al día siguiente que Pedrol tomara cartas en el asunto, los tres detenidos fueron puestos en libertad sin cargos.
