El esperado reset para el nuevo contrato de la basura se aprobó ayer con sangre, sudor y lágrimas. El gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) logró sacar adelante la estructura de costes de la futura licitación –que asciende a más 21 millones, unos 189.000 euros más que la anterior propuesta– con la única abstención de En Comú Podem y el voto de calidad del alcalde, Pau Ricomà (Esquerra), después de que el punto del orden del día registrara un empate tras el rechazo de PSC, Ciutadans, PP y los concejales no adscritos José Luis Calderón y Sonia Orts.
El debate de ayer llega después de que la primera licitación convocada el pasado otoño quedara desierta, en un servicio público que no se sacaba a concurso público desde el año 2002. Ahora, tras un análisis realizado por parte de los técnicos municipales con varias empresas del sector, se han introducido modificaciones para intentar reactivar y poder recibir ofertas para gestionar el principal contrato de la Plaça de la Font.
Así, entre los cambios introducidos destaca que se incrementa el pago de los gastos generales del 5% al 7%. Asimismo, el futuro contrato pasará de tres lotes a dos, de forma que el servicio de transporte y recogida de residuos municipales, limpieza viaria y información y educación ambiental se licitará en un mismo contrato con el servicio de limpieza de playas, solares, terrenos y caminos municipales. Paralelamente, el segundo lote será el de la gestión de la deixalleria municipal.
Otro de los cambios será la voluntad por «flexibilizar, que no reducir, algunos requisitos técnicos relativos a las frecuencias del servicio, el modelo de recogida y el sistema tecnológico del control de acceso a los contenedores y a la deixalleria», así como «a las especificaciones técnicas de vehículos y de la maquinaria».
El nuevo contrato ascenderá a 21 millones de euros, pasando de 9 a 10 años de duración
Finalmente, otro punto que se «actualiza» es el de la «adecuación de los costes de explotación a la inflación generada por la situación económica y el tipo de interés aplicado», ya que la anterior estructura de costes se aprobó en mayo de 2022, con un euríbor a un nivel muy inferior que el actual. En este sentido, se alarga el periodo de concesión de nueve a diez años, pasando el plazo de amortización de la inversión prevista (21,7 millones) de los diez años anteriores a los veinte.
El reto: la recogida selectiva
El PSC, que respecto a la anterior votación de la estructura de costes ha cambiado su posicionamiento –pasando del apoyo al rechazo de ahora–, aseguró ayer que «la confianza que depositamos en el gobierno municipal se ha acabado», y criticó que «lo que falla en este proceso son las directrices políticas» y augura un aumento del coste «por el aumento del plazo de amortización». Por su parte, Ciutadans lamentó que «la nueva estructura repercutirá en un encarecimiento del recibo para los tarraconenses», expresó Lorena de la Fuente
Por su parte, el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), lamentó que algunos partidos «mientan y prioricen intereses externos a la ciudad», asegurando que la nueva licitación «no incrementará la presión fiscal». En esta línea, avanza que «el gran ahorro» en el coste del servicio «vendrá con el incremento de la recogida selectiva», que en el año 2035 debe ser del 65%, cuando en la actualidad es del 38%. «Cada tonelada de contenedor gris –el de rechazo– que enviamos a la incineradora nos cuesta 109 euros. Debemos bajarlo a la mitad para ahorrarnos en el futuro más de dos millones de euros anuales», resaltó el primer teniente de alcalde. El objetivo es licitar el nuevo contrato de la basura antes de acabar, en junio, el presente mandato municipal. Será el último gran reto de la legislatura.
