Los tarraconenses deben esperar, de media, 294 días (casi diez meses) para obtener la Ley de Dependencia. Es el tiempo que pasa, primero, desde que se hace la solicitud hasta que se reconoce si la persona tiene una dependencia y cuál es el grado y, segundo, hasta que obtiene un programa individualizado o PIA, donde se determinan los servicios más adecuados a los que tiene derecho.
A José María Huertas, vecino de Tarragona, los datos le cuadran porque, muy a su pesar, se está haciendo un experto en unos trámites expresamente engorrosos. En dos oportunidades ha tenido que tramitar la Ley de Dependencia para su madre y en ambas oportunidades han tardado casi un año en darle la misma respuesta: denegado.
«Quedaron en llamarme para darme una explicación y sigo esperando», se lamenta. Su madre tiene 83 años, padeció un cáncer que le ha dejado secuelas, no ve de un ojo, tiene problemas importantes de movilidad y no puede hacer por sí misma actividades de la vida diaria como cocinar o ducharse: «Si esto no es dependencia no sé qué es».
El mazazo, no obstante, llegó en abril del año pasado cuando a su mujer le diagnosticaron Alzheimer. A los dos días pidieron la dependencia, pero no ha sido sino hasta esta semana que le han hecho la evaluación.
Recibir el diagnóstico, reconoce, puso su vida patas arriba. «A mi lo que realmente me preocupa es su día a día, que ella sea lo más feliz posible y una ayuda es solo eso, una ayuda», señala, pero se lamenta de tener que dedicar tanto tiempo y energía a hacer trámites. «Cuando te cambia tanto la vida piensas que el entorno te lo va a poner más fácil. No te enteras de cómo todo va hasta que te pones».
Sobre la media catalana
En lo que se refiere a la primera parte del proceso, donde se determina el grado de dependencia, la ciudad de Tarragona pertenece al Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) Tarragona Nord. Se trata de un servicio del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya aunque puede ser contratado a otras entidades.
Desde finales del año pasado el Departament hace públicos los datos en su página web. En diciembre pasado había 3.626 personas en lista de espera en dicho SEVAD; es el segundo de Catalunya (hay 25) con más valoraciones pendientes detrás del de Girona centre i Litoral. La espera media era de 188 días; 41 días más que en la media de Catalunya.
Una vez obtenido el grado de dependencia, son los Serveis Socials de los municipios los que se encargan de elaborar el Programa Individual de Atención PIA, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona.
En esta segunda parte del proceso los datos están desglosados por regiones. Tarragona se encuentra dentro de la del Camp de Tarragona donde la espera media, es de 106 días (la media de Catalunya es de 117). En resumen, si se suman los 188 días de espera de la valoración y los 106 del PIA, la espera llega a los 294 días mencionados al principio.
El camino, no obstante, no termina aquí. En el caso de que el recurso que necesita la persona sea una residencia para mayores, la espera de una plaza pública puede superar el año.
Según los datos del mismo Departament, la residencia de la ciudad que menos lista de espera tiene es Les Alzines (4 meses). En Santa Tecla Ponent la espera es de un año y tres meses, en La Mercè un año y un mes, en Santa Tecla Llevant un año y dos meses y en Residencial Tarragona (Sanitas), un año y ocho meses.
El reto de agilizar el proceso
Marta Segura Bonet es Directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials y explica que, en el caso de la ciudad de Tarragona, los datos de espera en el SEVAD se explican en cierta medida porque el número de personas que piden una valoración no ha parado de crecer. Desde el 2022 suben en torno a un 12% por encima de la media catalana. Todo en un contexto general de envejecimiento de la población. Asegura, no obstante, que cada año se destinan recursos en función de las personas a atender en cada zona.
Parte de la congestión de estos servicios, reconoce, tiene que ver con que muchas familias, a sabiendas de las listas de espera, se «curan en salud» y hacen las solicitudes antes de que sea necesario. Esto podría explicar en parte, dice, por qué el 28% de las solicitudes de dependencia en Catalunya, acaban sin un grado de dependencia reconocido.
El Departament esgrime que algunas solicitudes se hacen antes de tiempo, el 28% se deniega
Justo para ofrecer más información a las familias sobre qué esperar antes de iniciar el proceso, Segura explica que se está trabajando en un simulador para que los interesados puedan tener una idea de la situación antes de hacer la solicitud. Se tratará de una herramienta meramente informativa y las familias tienen derecho, igualmente, a iniciar o no el trámite.
El simulador es una de las medidas que anunció a finales del año pasado la consellera Mónica Martínez Bravo para reducir los tiempos de espera.
De las medidas contempladas en la lista, Segura cree que una de las que puede ayudar más a agilizar el proceso es que los interesados desde noviembre ya no tienen que ir al médico a pedir un informe porque se tiene acceso a su información sanitaria.
Pero la clave, asegura, está en la automatización del servicio ya que, apunta, en torno al 80% de la tramitación todavía se hace en papel. Ahora la idea es que los usuarios puedan hacer directamente el trámite por internet. Es algo que se hará de manera guiada y, en el caso de las personas que no manejan la tecnología, podrán acudir a una oficina donde harán el proceso acompañadas por un técnico. Ya han comenzado a hacerse pruebas piloto en algunas áreas básicas. Se espera que los servicios sociales municipales también puedan agilizar sus procesos con la automatización y compartiendo información.
Se automatizará el proceso, pero habrá acompañamiento para quien lo requiera
Explica Segura que el trayecto habitual cuando las familias ven que una persona mayor ya no puede vivir sola es que colocan apoyos en el hogar, tanto de personas contratadas como de familiares, y es en ese momento cuando se comienza a tramitar la dependencia. Una vez obtenido el grado no es sino hasta la elaboración del PIA cuando un trabajador social evalúa a la persona en su entorno e identifica que el servicio que necesita es una residencia.
Es allí donde la persona puede entrar en lista para una plaza pública aunque «en el caso de que el deterioro sea importante se puede hacer el ingreso en una residencia privada y, a través del PIA, ofrecer una prestación vinculada para ayudar a pagar la plaza».
Respecto a las listas de espera en las residencias, Segura apunta que hay un plan estratégico para abordar las necesidades de plazas a nivel territorial, pero cree que «en el futuro (el déficit) va a ser difícil de corregir si no tenemos presupuestos».