390 mujeres tarraconenses en un año, 32 al mes, ocho a la semana, más de una al día. Son las cifras del monstruo de la violencia machista en la provincia en su versión más cruda, la del delito. Es solo la punta de un iceberg mostrado por la estadística del Ministerio del Interior en la provincia en 2021, unos datos de récord que se abren al debate. Esos casi 400 delitos contra la libertad sexual suponen un incremento de un 48% respecto a 2020, año marcado por la irrupción de la pandemia y, por tanto, anómalo; sin embargo, son igualmente la cifra más alta de la serie histórica. Son un 21% más en relación a 2019 y un 63% más en comparación con 2018.
Hay consenso en que cada vez se denuncia más, pero no solo eso. Algunos expertos apuntan a que también se producen más delitos. «Hay dos tipos de datos, los oficiales, como estos de delincuencia, y las encuestas de victimización. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los delitos sexuales no se llegan a denunciar. Como mucho se denuncian el 10%, y hace años aún eran menos», explica Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC. Tamarit cree que «si miramos la encuestas de victimización, sí que hay un cierto aumento pero no tan grande como el que nos indican las denuncias».
Es por eso que estos incrementos son claves porque suponen derribar algunos muros. «El hecho de que se hable más, a nivel mediático, de que haya una mayor sensibilidad, más actuaciones de los poderes públicos... Todo eso tiene un efecto y repercute en que la gente denuncie más, se promueve eso, y hace que estas barreras sean más fáciles de saltar. Es una evolución», indica el profesor. El aumento es notorio en lo que atañe a la violación, la agresión sexual con penetración. En 2021 se alcanzó un récord, 77 en un año en la provincia –una cada cinco días–. Es el doble de las cifras habituales de este tipo de delito.
La victimización secundaria
El resto de hechos criminales al respecto también se elevan exponencialmente. Todos ellos constituyen uno de los campos con más infradenuncia. «Las víctimas tienen que hacer frente a una serie de barreras personales y sociales y de inconvenientes, como tener que declarar, todo lo que supone el contacto con la justicia... Hay un impacto negativo, como la victimización secundaria que se produce después. Por eso muchas mujeres prefieren no denunciar. Si luego hablamos de violaciones o agresiones sexuales, y si además son menores, los inconvenientes son mayores. Primero toca tomar consciencia de lo que ha pasado, y si encima supone denunciar a algún conocido o a un familiar, como son muchos casos, aún son frenos añadidos», aporta Tamarit.
La doctora Neus Oliveras, profesora de Derecho Constitucional en la URV, cree que hay dos factores clave. «En parte suben los delitos porque se visibilizan más y se denuncia más. Hay una serie de elementos, como las manifestaciones tras la manada, el MeToo... todo eso va calando», explica esta especialista en igualdad de género y estudiosa de las órdenes de protección o los efectos de los feminicidios en menores. Oliveras reconoce la «labor de sensibilización» en la misma identificación de los delitos.
Pone un ejemplo ilustrador. «Hace años, en un informe que era una macroencuesta, en los países nórdicos aparecía que había más violencia de género. Era una cuestión de percepción. Le preguntaban a las mujeres si habían sido víctimas y decían que no. Les preguntaban si les había dado su marido alguna vez una bofetada y la respuesta era ‘sí’. No lo identificaban como tal», relata Oliveras.
La docente apunta también a un contexto que va más allá. «Quizás es que también se dan más hechos de este tipo, porque hay toda una reacción ante el feminismo, ante estos derechos que se han ido consiguiendo, y por eso puede haber un aumento de la violencia. Cosas que antes se veían peor, se han visibilizado, y creo que sucede como parte de esa reacción, porque a nivel político hay voces que piden, por ejemplo, acabar con la legislación con la violencia de género, lo que quiere decir que admites que esa violencia no existe y, por tanto, estás negando la realidad», cuenta Oliveras, que se mueve entre esa visibilización conseguida y una cierta involución.
Las barreras para denunciar
Tamarit cree que «la infradenuncia no depende de la gravedad, porque ante los delitos más graves el miedo de la víctima a hacerlo es todavía mayor». Oliveras incide en los obstáculos para denunciar «cuando muchas veces el agresor está entre la familia, los conocidos, los amigos, los compañeros de trabajo... En ocasiones se piensa que se han malinterpretado las intenciones, y en el fondo todo es un problema de educación. Se decía eso de que solo un ‘sí’ es ‘sí’ pero yo diría que solo un ‘sí’ entusiasta es un ‘sí’».
Núria Torres, profesora de Derecho Penal en la URV, reconoce que tras el aumento «no hay un único factor, sino una combinación», aunque considera que hace falta una mayor perspectiva para saber si la criminalidad en términos absolutos crece. «Cuando analizas periodos largos de tiempo, suele haber una disminución en términos globales, pero en cambio aquí vemos un crecimiento. Habrá que esperar para analizar si lo que hay son más denuncias, porque hablamos de delitos con una cifra negra muy elevada, muchísimos casos que no han aflorado», cuenta Torres, investigadora en violencia de género, tráfico de personas y la protección de menores víctimas. Torres sí reconoce que «lo que hay es un entorno social que estigmatiza menos a la víctima e incluso la empodera, para que se dé cuenta de la importancia de denunciar, también para que se puedan prevenir otros delitos, porque la denuncia es un mecanismo para evitar una reiteración».
Otros datos, en este caso los de la violencia de género en los juzgados, a cargo del Consejo General del Poder Judicial, también muestran un alza. En 2021 hubo en Tarragona 2.756 denuncias por violencia de género –más de siete al día–, un 5,8% más que en 2020 y un 30% más que en 2015. La cifra ha ido creciendo progresivamente en los últimos cursos.
«Puede influir que haya más confianza en la administración, porque los propios profesionales se han formado más en esa línea, y hablo de policías, de la Fiscalía o de la judicatura», incide Núria Torres, que añade: «La formación de estos grupos, y también en las propias asociaciones de víctimas, en las oficinas, ha favorecido. Hay más confianza en las instituciones y eso ha hecho que muchas mujeres hayan perdido el miedo a no ser entendidas, en el propio relato, cuando explican lo que ha sucedido. Hay una consciencia de que la sociedad no les va a marcar tan negativamente». La profesora pone un ejemplo local: «Desde que en Tarragona abrió Barnahus, la unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, han aflorado muchos más casos. Que aparezcan más es bueno porque permite atender a las víctimas y, a los que estudiamos todo esto, pensar en estrategias para aplicar».
Queda, pese a todo, trabajo por hacer en la igualdad, empezando por el aprendizaje. «Hay una falta de educación sexual. Lo vemos ahora con el acceso al mundo de la pornografía, por chavales cada vez más y más jóvenes. Puede hacer que se pierdan valores como el respeto. Quizás en ese punto estemos yendo hacia atrás en chavales muy jóvenes, así que todavía hace falta mucha formación y que la información llegue antes, porque las relaciones sexuales empiezan cada vez más pronto», concluye la doctora Neus Oliveras.
