El Ayuntamiento de Tarragona, a través del Àrea de Medi Ambient, ha abierto en los últimos dos años un total de 105 expedientes por vertederos ilegales en el ámbito de la Anella Verda. En algunos casos corresponden a restos de materiales de obra, aunque también pueden encontrarse muebles, neumáticos y cualquier tipo de residuo, que queda abandonado entre la vegetación.
Según explica la responsable de esta concejalía, Eva Miguel Gascón, «muchas de las denuncias nos llegan a través de la EPP». Una información que se complementa con la inspección periódica que hacen los técnicos de este departamento o los avisos que pueden llegar a través de las asociaciones de vecinos, lo que ha permitido que en los últimos tiempos se haya puesto el foco sobre esta problemática.
Cuando se localiza uno de estos vertederos se activa el protocolo, según el cual el primer paso es conocer el propietario de los terrenos y abrir un expediente administrativo para resolver la situación, lo que significa que se limpie la zona. «Por mucho que no haya sido él el responsable, sí que lo es en cuanto a tener en condiciones su propiedad», indica la concejal cupaire. El procedimiento puede alargarse varias semanas.
La propiedad recibe un primer requerimiento de limpieza. A partir de esta notificación dispone de un plazo de quince días para revisar la documentación y presentar alegaciones. Pasado este periodo, se abrirá un segundo plazo, en este caso de un mes, para limpiarlo, lo que «en definitiva supone que tiene un mes y medio para que el terreno esté en condiciones desde que reciben la primera notificación».
Cuando vence este periodo, un técnico municipal comprueba si efectivamente se han recogido los residuos y, por tanto, puede cerrarse el expediente o de lo contrario se pone la primera multa coercitiva. En este caso, también se contemplan varios escenarios, en función de si se aplica la Llei de Residus o la Llei d’Urbanisme. La primera es más estricta, de forma que los propietarios reciben una primera sanción de 400 euros y si hacen caso omiso, le seguirá una segunda de 1.500 euros y hasta una tercera de 4.000 euros.
Si a pesar de ello no ha habido una respuesta, el Ayuntamiento de Tarragona se hace cargo de la limpieza de forma subsidiaria, lo que significa que después pasará la factura al propietario. En cambio, si la naturaleza de los materiales obliga a aplicar la Llei d’Urbanisme, porque no se ha hecho un buen tratamiento de los residuos las sanciones se mueven entre los 300 y los 3.000 euros.
La responsable de Medi Ambient defiende que «al final no es un tema recaudatorio, porque no estamos ingresando por esta vía una cantidad de dinero significativa, pero es una manera de frenar una mala praxis y un incivismo, porque al final también es peligroso».
De los más de cien expedientes administrativos que se han abierto por parte del Ayuntamiento desde 2021, el 63% ya se han cerrado, lo que significa que ya se ha limpiado la zona, los otros todavía siguen abiertos (31%) o se han derivado (6%) a otros departamentos de la casa. Miguel Gascón defiende que «probablemente tan solo es la punta del iceberg, porque la Anella Verda es muy grande y no llegamos a todo».
Medi Ambient tan solo tiene las competencias para la limpieza de residuos en suelo rústico. En el resto de casos, esta responsabilidad recae sobre el área de Neteja Pública. Hace unos días hubo una sanción por valor de 8.000 euros, al autor de dos vertidos incontrolados en un bosque.
