Sólo tres de los 141 alcaldes del 1-O en Tarragona siguen investigados

Dos años después, Sant Carles de la Ràpita, Reus y Móra d’Ebre tienen causas pendientes en la provincia derivadas del referéndum. El independentismo saldrá este martes otra vez a la calle

| Actualizado a 01 octubre 2019 07:28
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Tarragona saldrá hoy a la calle en el segundo aniversario del 1-O. Dos años después, todavía colean algunos frentes judiciales, si bien también ha habido un goteo constante de archivos. De entrada, la mayor parte de alcaldes que cobijaron la organización del referéndum no han padecido consecuencias desde el punto de vista jurídico. En su momento, la Fiscalía General del Estado ordenó a las fiscalías provinciales citar a declarar a 141 de los 184 alcaldes de la provincia, por colaborar con la Generalitat en el referéndum. Sólo acudieron una parte. De esos, actualmente sólo tres tienen causas abiertas, según el balance de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), y algunos casos son derivados del 1-O, y no por la organización directa de esa convocatoria a las urnas. 

Un ejemplo es Reus. Al alcalde, Carles Pellicer, junto a otros concejales, se les comenzó a investigar por presuntos delitos de odio al firmar un documento de condena a la violencia policial del 1-O y donde se reclamaba la marcha de la ciudad a la policía española. «En el caso del resto de personas, se archivó el procedimiento, que sigue abierto en lo que hace referencia a los políticos», recuerda Lluís Gibert, letrado de la Associació d’Advocats 1 d’Octubre. La causa contra otras personas investigadas, entre ellas responsables de un gimnasio y diversos bomberos, se archivó provisionalmente.

Según la AMI, siguen en marcha los casos del alcalde de Sant Carles de la Ràpita y de Móra d’Ebre. Pero, a su vez, también hay otros frentes abiertos, uno de ellos precisamente en la citada localidad rapitense: cinco agentes de la Guardia Civil están investigados en los juzgados de Amposta por su intervención en ese municipio de las Terres de l’Ebre. 

También hay causa en marcha respecto a los conflictos sucedidos en Mont-roig del Camp durante el referéndum del 1-O de 2017. Así, el juzgado de instrucción número 1 de Reus ha exigido que, en concepto de responsabilidad civil, tres vecinos de la localidad acusados de un delito de atentado y lesiones abonen 1.300 euros.

«Hay que recordar aquel día en el que un pueblo hizo de la democracia su estandarte», dice Rosa Maria Codines, presidenta de Òmnium en el Tarragonès

En Catalunya, respecto al papel de los alcaldes, se han archivado 62 causas, por lo que en total sólo ha habido 78 diligencias abiertas (un 10,9% de las que se anunciaron en septiembre de 2017) por las fiscalías provinciales, que seguían una instrucción del difunto José Manuel Maza que pedía detenerles si se negaban a ir a declarar. Así, según balances de la AMI, de los 712 alcaldes a los que la Fiscalía pidió de inicio investigar, sólo 14 en Catalunya continúan con causas pendientes. 

Mientras todo ello se dirime, el independentismo se pone a punto para movilizarse hoy una vez más y para articular la respuesta a la sentencia. «Hay que volver a salir a la calle para recordar que aquel día hubo muchas complicidades compartidas por un pueblo que quiere mirar hacia adelante y que demostró fuerza, espíritu de lucha y que quiere hacer de la democracia su estandarte», dice Rosa Maria Codines, presidenta de Òmnium en el Tarragonès. 

«Recordamos las atrocidades que se hicieron aquel día y exigimos que se haga justicia con ellas», explica Òscar Hijosa, coordinador de la ANC en Tarragona

Òscar Hijosa, coordinador de la ANC en Tarragona, pide que «la violencia que ejercieron las fuerzas del Estado el 1-O sea penada, que se juzgue a la gente que pegó y a la que lo ordenó en lugar de a aquellas personas que sólo intentaban votar». Hijosa indica que el día de hoy, dos años después, debe servir de conmemoración de «las atrocidades que se cometieron» y enumera otro motivo para tomar parte en las protestas que se hacen hoy en numerosos municipios: «Seguimos con la misma justicia que teníamos hace 40 años, que se deriva del movimiento franquista. Nos gustaría tener un poco más de democracia. Seguimos con el tono de represión, con exiliados y presos políticos». 

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