La gestión de los impuestos que paga la industria química se perfila como uno de los temas más polémicos de la próxima campaña de las elecciones locales del 28 de mayo. A solo tres años para que en 2026 el acuerdo de segregación de La Canonja llegue a su punto y final, ahora el Ayuntamiento de Tarragona ha empezado a buscar vías para «mancomunar y equilibrar» el cobro de los tributos, que asciende a más de 11 millones de euros y que, en su mayor parte –más de nueve millones–, ya se van a la localidad liderada por Roc Muñoz (PSC).
En el convenio acordado hace más de una década entre el consistorio tarraconense y el de La Canonja –que fue incorporado a la ley de segregación del municipio del Tarragonès de 2010– se estableció un periodo de 15 años en el cual ambas localidades se repartían los ingresos de los tributos, que se encuentran en el término municipal de La Canonja. Así, en el primer año (2011), Tarragona se quedaba el 60%, por el 40% del consistorio vecino. Hasta 2016, La Canonja fue incrementando su participación en un 3% anual, hasta el punto que ese año ya cobró el 55%, por el 45% de Tarragona. Entre 2016 y 2020 ese porcentaje ascendió un 4% anual, y ya en 2020 La Canonja ingresó el 71%, por el 29% de la capita. El año pasado, Tarragona obtuvo el 20% y este ya pasará a retener solo el 15%, lo que se traduce en una pérdida de más de 865.000 euros, pasando de los 2,3 millones de 2021 a los 1,9 de 2022 y, finalmente, a los 1,4 de este 2023.
«Una vía sería que la gestión de los tributos químicos la asumiera la futura Àrea Metropolitana», Jordi Fortuny (edil de Serveis Centrals de Tarragona)
Por su parte, este 2023 La Canonja ya cobrará más de nueve millones de euros, una cifra que se verá notablemente incrementada durante el próximo mandato, cuando según el convenio vigente llegará a gestionar el 100% de los tributos dentro de tres años. En ese momento, en 2026, las arcas de la Plaça de la Font ya no obtendrán ni un solo euro.
«Externalidades sin beneficios»
Se trata de una circunstancia ya prevista, pero cuyas consecuencias pueden ser mucho más perjudiciales porque se producirá tras la crisis del coronavirus de 2020 y de la inflación de precios de 2022 por la guerra en Ucrania. Todo ello, en un contexto en el que el consistorio tarraconense tiene una deuda que está por encima del límite legal, genera malestar en el gobierno municipal. El primero en mostrarlo fue el alcalde, Pau Ricomà (ERC), quien en una entrevista con el Diari lamentó que, cuando se firmó la segregación –empezada durante la alcaldía de Joan Miquel Nadal (CiU) y cerrada con la de Josep Fèlix Ballesteros (PSC)–, «debería haberse previsto un CRT químico con La Canonja», al estilo del que ya tienen Vila-seca y Salou en la zona donde debe ubicarse el complejo Hard Rock, de tal forma que «hubiera viabilidad para los dos municipios», detalló.
«Es lógico que no compartamos solo las externalidades negativas, sino también las positivas», Rubén Viñuales (alcaldable del PSC per Tarragona)
Ahora es el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC), quien se expresa en el mismo sentido. El responsable económico del gabinete tarraconense asegura que ya se han empezado a buscar y a estudiar «vías» para intentar «equilibrar y mancomunar» la situación derivada del «desastre de negociación» con La Canonja, «que deja a Tarragona muy perjudicada» porque «en tres años seguiremos con las externalidades de la química sin tener ningún beneficio».
Por ello, una de las vías que se contempla es que la gestión de los tributos químicos la asuma la futura Àrea Metropolitana, que según indicó la pasada semana en una entrevista con este periódico el director general de Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, podría empezar a dar sus primeros pasos a partir de 2026, cuando esté listo el Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità del Camp de Tarragona. «La vía es esta, al estilo de lo que ya se hace con la ATM de transporte urbano. El futuro pasa por una estrategia global», afirma Fortuny.
PSC: «Sirusa y fondo nuclear»
Precisamente, ayer los alcaldables del PSC firmaron un manifiesto en el que se comprometen a impulsar «un nuevo organismo metropolitano que sea funcional y operativo para sumar esfuerzos», en materias como transporte, medioambiente, urbanismo o vivienda. Sobre el ingreso de los tributos de la química, sin citarlo textualmente, el candidato socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, vería bien la propuesta de que los gestionara el Àrea Metropolitana y no La Canonja. «Tiene lógica que si compartimos las externalidades negativas de la química, también lo hagamos con las positivas» afirmó el líder del PSC en declaraciones al Diari, a la vez que citó los casos de «Sirusa y el fondo de compensación nuclear» como ejemplos de la viabilidad de la propuesta metropolitana. En este sentido, el proyecto de la Generalitat para auxiliar a los municipios afectados por el cierre de las nucleares entre 2030 y 2035 ha sido un punto de inflexión en el posicionamiento tarraconense, ya que este documento beneficiará a las localidades que están en un radio de 30 kilómetros de las centrales, lo que podría abrir la puerta a «territorializar» el impuesto químico.
Otro de los aspectos que ha cambiado el escenario fue el accidente de Iqoxe de 2020 que acabó con la vida de tres personas, una de las cuales estaba en su casa de Torreforta, a tres kilómetros de la química. Pese a ello, el alcalde de La Canonja, Roc Muñoz (PSC), se muestra contundente en la entrevista que acompaña esta noticia. «El convenio de segregación es inamovible. Tarragona ya cobró durante más de cuarenta años lo que no le tocaba de las químicas», afirma sobre lo que se perfila como la gran batalla metropolitana hasta 2026.
