La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se queda sin local en Tarragona

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tarragona se ha quedado sin local. Esta entidad, que incluye a personas con problemas para hacer frente al pago de su vivienda, venía reuniéndose cada jueves en el edificio de la antigua universidad de la plaza Imperial Tàrraco, en una sala que el Ayuntamiento, al ser una asociación sin ánimo de lucro, les había cedido hace años. La entidad se hacía cargo del pago del seguro.

No obstante, la licencia del local ha caducado y, ahora, la asociación debe presentar un certificado técnico y abonar una tasa de unos 750 euros que deben pagar de su bolsillo: «Todo junto, se nos iba a casi 2.000 euros, una cantidad que, lamentablemente, no podemos pagar», expone su portavoz, Stela López.

El Ayuntamiento, no obstante, indica que está pendiente de aprobación una modificación que reduciría la cantidad de la tasa de estos 750 euros a unos 100, algo de lo que los representantes de la organización son conscientes.

Fuentes consistoriales citan la ordenanza municipal de cesión a entidades sin ánimo de lucro: «Prevé que en el caso de que la entidad realice actividades que deban autorizarse o comunicarse conforme la normativa aplicable, los titulares deberán presentar la correspondiente comunicación o licencia de obras y actividades». Añaden que, según la legislación vigente, «las asociaciones están obligadas a comunicar su actividad con un certificado técnico y un proyecto».

La historia con la PAH comenzó en 2023, cuando se comunicó a la asociación que había caducado la licencia de uso del local: «Hicimos unas alegaciones porque no podíamos pagar ni la tasa ni el certificado, y vino una arquitecta que nos mandó el Ayuntamiento, que pensamos que se encargaría de hacer el certificado», comenta López.

Sin tener más novedad, en noviembre de 2024, a la PAH llegó una notificación municipal: «Decían que nos precintarían el local si en siete días no presentábamos el certificado, que resulta que, aunque nosotros creíamos que sí, la arquitecta no lo había hecho», argumenta López.

«Durante todo 2024, pensamos que ya teníamos la licencia porque creímos que la arquitecta, que nos había comentado que vendría a echar un vistazo sin coste, habría redactado el informe», añade la portavoz, que comenta que «se les dijo a los conserjes de la recepción que no podíamos entrar».

Miembros de la entidad fueron a la Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC): «Nos comentaron que hiciéramos otras alegaciones y nos dieron treinta días más, en los cuales, igualmente, tampoco podíamos entrar». Días que finalizaron el pasado 19 de enero sin haber podido encontrar una solución.

«Nos dieron una reunión con el teniente de alcalde y dos técnicos municipales para el 28 de enero, pero nos la cancelaron argumentando que los técnicos no veían recorrido en las alegaciones». «Sentimos que el Ayuntamiento ha desahuciado a la PAH; no es lógico lo que nos están haciendo porque hemos intentado reunirnos con ellos por activa y por pasiva, mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y demás, y no ha sido posible», manifiestan sus miembros, que añaden que el consistorio «debería escuchar a todas las entidades sociales sin ánimo de lucro».

Durante las últimas semanas, la asociación ha llevado a cabo sus reuniones de pie en el vestíbulo del edificio, al no poder entrar al local. Desde la PAH, exponen que incluso se ha propuesto utilizar el local de forma compartida con otra entidad, o buscar alguna solución, e insisten en que esperan «que el Ayuntamiento reconsidere su postura». El consistorio, por su parte, les expresó que estudiaría alguna opción dentro de la normativa.