Hasta veinte municipios pequeños y entidades descentralizadas del Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Baix Penedès tendrán un cajero automático a partir del 2024 con el apoyo de la Diputació de Tarragona. Los beneficiarios serán entes locales de menos de 1.000 habitantes que actualmente no disponen de cajero ni de sucursal bancaria y que se acogerán en el Pla d’Inclusió Financera als Municipis que la Diputación ha presentado este martes, con el objetivo de garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios financieros y contribuir, así, a frenar el despoblamiento rural.
El plan diseñado por la Diputació tendrá una duración de 5 años (hasta el 2029) y prevé un proceso de licitación para contratar una entidad bancaria que ofrecerá este servicio a los 20 municipios. El precio anual del cajero será de un máximo de 18.000 euros, de los cuales la Diputació asumirá el 67% y el ayuntamiento se encargará del 33% restante. De este modo, el coste para los municipios solo será como máximo de 500 euros mensuales. Los cajeros que se instalarán serán multifunciones y permitirán realizar varias operaciones como por ejemplo obtener e ingresar dinero en efectivo, hacer pagos de impuestos y comprar entradas de actividades o espectáculos.
Para conocer el alcance de las necesidades de este servicio, la Diputació ha realizado un diagnostico previe y se ha puesto en contacto con los 103 municipios y entidades municipales descentralizadas de menos de 1.000 habitantes de la demarcación, de los cuales 31 ya han mostrado interés. Una vez el Pleno de la Diputació apruebe el plan, los ayuntamientos podrán presentar las solicitudes.
Los criterios de selección serán el número de habitantes (priorizando los más poblados), el hecho de haber tenido antes cajero automático u oficina bancaria y una distribución equilibrada en las diez comarcas. Para optar, los entes locales tendrán que disponer de un espacio para instalar el cajero y tendrán que asumir los gastos corrientes de mantenimiento del espacio y los suministros. Esta actuación supondrá una inversión de 1,8 millones de euros en 5 años por parte de la Diputació. Para este 2023, la Diputació ya dispone de 360.000 euros incluidos en el presupuesto inicial.
Durante la presentación del plan, la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, ha explicado que “esta actuación forma parte de las medidas que llevamos a cabo a la Diputació para frenar el despoblamiento rural, que como ya sabéis es uno de nuestros caballos de batalla en el presente mandato. Nuestro trabajo en este sentido pretende evitar las desigualdades y garantizar los derechos de la ciudadanía con independencia de donde viva, bien sea un municipio pequeño o bien grande”.
