La DGT revisará el carnet por puntos tras crecer los fallecidos

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció ayer que revisará el carné por puntos, dentro de las medidas que pretende poner en marcha tras el incremento de los fallecidos en accidentes en carretera por primera vez en los últimos trece años. Serrano, que quiere alcanzar un «buen» pacto de Estado sobre seguridad vial, entiende que la DGT «tiene el reto y la responsabilidad de seguir trabajando» para reducir las víctimas mortales, que hasta el pasado jueves se elevaban a 1.138 fallecidos, siete más que en todo 2015.

Serrano destacó que dentro de ese pacto por la seguridad vial «se tiene que poner sobre la mesa qué medidas hacen falta para que el carné por puntos siga siendo un sistema útil para la reducción de la siniestralidad». «La DGT es plenamente consciente de que debemos pararnos, evaluar y decidir el futuro del carné por puntos», añadió. Y es que para el responsable de Tráfico, 2017 será un año «clave» en el que se tendrán que abordar distintas reformas legislativas, además de «renovar el parque automovilístico o seguir mejorando en la conservación de las vías». Respecto al incremento de la siniestralidad durante 2016, Serrano lo explicó por el «aumento de entre un 5% y un 6% del número de desplazamientos tras la recuperación económica» y por «causas clásicas» como el menor uso del cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y de drogas y los excesos de velocidad, «que es donde la DGT tiene que atacar».

Serrano demuestra quiere recuperar el consenso que había sido existido en toda la etapa democrática en materia de seguridad vial, un acuerdo que se perdió durante la pasada legislatura. De esta manera, el director general de Tráfico podrá abordar los reglamentos derivados de la reforma de la Ley de Seguridad Vial, aprobada a finales de 2013. Desde entonces, está pendiente el de Circulación, norma básica para dirigir los comportamientos y las situaciones al volante. El proyecto presentado por el Gobierno en la pasada legislatura contó con el rechazo tanto de los sectores implicados como de la oposición parlamentaria y del Consejo de Estado.

Una de las medidas más controvertidas del proyecto de Reglamento era la relativa a los límites de velocidad, tanto en los referente a su incremento puntual hasta los 130 km/h en autovías y autopistas como a su reducción de 100 a 90 km/h en todas las carreteras convencionales con el arcén más ancho y la disminución de 50 a 30 km/h en ciudad.