Las falsas gastroenteritis de los británicos llegan a la Costa Daurada

Los hoteleros recibieron en 2016 cerca de cien denuncias fraudulentas. La cifra es inferior a la de otros destinos

19 mayo 2017 15:49 | Actualizado a 21 mayo 2017 14:23
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Si ve furgonetas sospechosas con letreros en inglés cerca de la playa, no se asuste. No son espías de la CIA ni jóvenes del Saloufest camuflados. Son oficinas móviles de abogados británicos que animan a sus paisanos turistas a denunciar falsas intoxicaciones alimenticias contraídas en los hoteles para que las vacaciones les salgan gratis. Bueno, casi, porque estos letrados piratas les cobran una minuta por hacerles ‘el favor’.

Este fenómeno fraudulento se ha extendido a toda velocidad por España, especialmente en las Canarias, Baleares y Benidorm. A Catalunya de momento ha llegado de refilón. En la Costa Daurada se registraron el año pasado «cerca de un centenar de denuncias de este tipo», según fuentes del sector hotelero. Una cifra muy inferior a las 10.000 producidas en Benidorm, la ciudad más afectada por esta estafa.

Con estos datos, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona asegura que, de momento, no hay motivos de alarma puesto que no se ha producido un incremento significativo de estas quejas, algo que sí ha sucedido en otros destinos. Los hoteleros tarraconenses, eso sí, miran el tema con cierta preocupación y confían en que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) presione al gobierno del Reino Unido para que tome medidas.

Ayer hubo reuniones entre miembros de este colectivo, touroperadores y representantes de la embajada británica en España «para tratar el tema de los abusos y que nos podamos defender por difamación y falso testimonio».

«Es un escándalo. Sólo con decir que se han puesto enfermos les vale», lamenta un hotelero de Salou, que ha recibido cinco denuncias falsas de cinco miembros de una misma familia. Le reclaman 5.000 libras cada uno por haber sufrido gastroenteritis tras comer su establecimiento. Curiosamente, fueron los únicos que enfermaron pese a que el hotel estaba prácticamente lleno.

«La inmensa mayoría de las acusaciones son falsas», pero las reclamaciones se interponen en tribunales británicos, por lo cual en la mayoría de ocasiones es más rentable para los hoteleros pagar la indemnización que abrir un pleito para defenderse en el extranjero, apunta la patronal hotelera de Tenerife, Ashotel. Las pérdidas económicas que sufre este sector en España son millonarias.

«En muchos casos ni siquiera presentan partes médicos oficiales de las supuestas enfermedades contagiadas en los hoteles», sino que se limitan a denunciar que se han puesto enfermos por alguna intoxicación alimentaria y piden que se les indemnice, agrega.

Los hoteleros de la Costa Daurada lo corroboran: «Nos sentimos totalmente indefensos. Por más que presentemos pruebas de laboratorio y análisis de la comida, si ellos dicen que les ha sentado mal y les duele la tripa, nos lo tumban. Las compañías de seguros se están planteando no cubrir los gastos de esto porque es una sangría».

En Benidorm, la patronal hotelera Hosbec quiere llegar a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de Alicante para que los turistas tengan que ir con prescripción médica a comprar medicamentos contra intoxicaciones alimentarias.

Los abogados que están detrás de estas fechorías rastrean en las redes sociales en busca de británicos que suban fotos de sus vacaciones en España y contactan con ellos para prometerles que sus vacaciones les van a salir por la cara si siguen sus indicaciones. Y así en el 80% de las reclamaciones que llegan al juzgado.

Su modus operandi, según avanza El Confidencial, es siempre el mismo: presentan a los turistas un formulario estándar para que expongan una supuesta enfermedad, gastroenteritis o afecciones del aparato digestivo, y exijan una indemnización, que a veces llega hasta los 6.000 euros. Se acercan, sobre todo, a jóvenes con escasos recursos académicos y económicos. Algunos turistas aseguran sentirse acosados por estos bufetes.


Esta actividad se desarrolla en la vía pública sin licencia ni habilitación profesional por empleados que posiblemente no están dados de alta en la Seguridad Social ni cumplen obligaciones tributarias, según las sospechas de Ashotel.

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