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'150 compromisos para mejorar España'

PP y C's pactan congelar el calendario de implantación de la Lomce y acuerdan estudiar una reforma constitucional

EFE

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El equipo negociador de Ciudadanos contempla a Albert Rivera mientras éste se dirige a los medios para explicar las líneas básicas del acuerdo ´150 compromisos para mejorar España´. Foto: j.p. gandul/efe

El equipo negociador de Ciudadanos contempla a Albert Rivera mientras éste se dirige a los medios para explicar las líneas básicas del acuerdo ´150 compromisos para mejorar España´. Foto: j.p. gandul/efe

Crecimiento económico, competitividad y empleo

Revisión para que los beneficiados por la amnistía fiscal de 2012 tributen según el tipo del 10 por ciento previsto en la misma por las cantidades afloradas

Reforma del régimen de trabajadores autónomos

Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: indefinido, de «protección creciente» y para la formación.

Constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la denominada «mochila austríaca»

Revisar la lista de paraísos fiscales

Rebajar el IRPF en dos puntos y reformar en profundidad el impuesto de sociedades

Eliminación del denominado «impuesto al sol» y promoción de un «marco regulatorio estable y propicio» para el autoconsumo de energía.

Reducción de las cargas administrativas de los autónomos y mejora de su protección social

Sociedad del bienestar y del conocimiento

Estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones.

Recuperar progresivamente los niveles de gasto público sanitario por habitante previos al inicio de la crisis económica, a lo largo de la legislatura.

Reducir las listas de espera y generalizar la libertad de elección de médico y centro.

Aprobar una ley que regule políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho a que sean ayudadas con cuidados paliativos, pero sin abordar en esta norma la eutanasia activa o sedación final inadecuada.

Plan de Vivienda 2017-2020.

Aprobar una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional.

Fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia.

Promover un Pacto de Estado por los Servicios Sociales. Recuperar los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia.

Elaborar un nuevo Plan contra la Pobreza Infantil.

Ley Integral de Apoyo a las Familias, con medidas sobre permisos de paternidad,

Abrir un diálogo para alcanzar en los tres primeros meses de gobierno un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios. Finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h.

Incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Impulsar un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

Impulsar un Pacto Nacional por la Educación. En el primer mes de gobierno se constituirá una Subcomisión parlamentaria que permita un acuerdo en el plazo de seis meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor.

Desarrollar un nuevo Plan CONCILIA3 de Educación Infantil de 0 a 3 años.

Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública.

Establecer un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos.

Modificar los tipos impositivos del IVA cultural de forma que no se produzca discriminación entre actividades públicas y privadas, y se establezca el tipo reducido para los espectáculos culturales en directo.

Aprobar una nueva Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador.

Reformar la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor.

Transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción

Separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial.

Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos.

No se concederán indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo.

Limitación de mandatos del presidente del Gobierno, a ocho años.

Impulsar una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP

Impulsar, en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, una reforma electoral que permita, entre otras cosas, la elección directa de los alcaldes. El Partido Popular se reserva además la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada.

Transformar el Senado en una estricta cámara territorial. Entre sus funciones estará la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.

Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.

Una mayor democracia interna de los partidos, y participación efectiva de los afiliados en la toma de decisiones.

Endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos tras su cese.

Ampliar el decomiso en los delitos de corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.

Aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción, para proteger a quienes arriesgan su carrera profesional en la defensa del interés general.

Fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial

Impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución.

Compromiso de estudiar la «actualización» de la Constitución, abriendo un debate que utilice un informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006.

Reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Abordar una nueva financiación local, de forma paralela a la autonómica, que delimite mejor las competencias de las corporaciones locales y garantice financiación de los servicios

Eliminar las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios.

Reformas que garanticen la «prestación eficiente y racional» de competencias y servicios de todas las administraciones (incluidas diputaciones), para generar ahorros que se destinarán a políticas sociales, y sin poner en riesgo, en ningún caso, los servicios que se prestan.

Garantizar un modelo de servicio público para RTVE basado en su independencia, calidad y neutralidad política, asegurando que la selección de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y excelencia.

Poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia.

Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán los requisitos y condiciones para la designación del Fiscal General. Se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso y su posterior cese.

Valorar, en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia, la limitación de las «puertas giratorias» entre la política y la carrera judicial, con plazos estrictos de moratoria para el regreso a la carrera judicial.

Eliminar la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.

España en Europa y en el mundo

Defender en el ámbito de la Unión Europea la crisis de los refugiados, conforme a los compromisos adquiridos en la UE y política de regulación migratoria.

Mantener un papel activo de España en la OTAN y comprometidos con la Política Común de Seguridad y Defensa para garantizar la seguridad y promover la paz y la estabilidad.

Impulsar el pleno desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la radicalización violenta, con el objetivo de actuar con determinación contra el yihadismo.

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