150.000 firmas para que sus hijos no vuelvan con sus padres maltratadores

Víctimas de violencia machista entregan en el Ministerio de Justicia los apoyos recogidos a través de Change.org

19 mayo 2017 16:32 | Actualizado a 21 mayo 2017 14:33
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Dos víctimas de violencia machista, Juana Rivas y Vanessa Skewes, entregaron ayer al Ministerio de Justicia más de 150.000 firmas que han recogido a través de la plataforma Change.org para evitar que sus hijos menores de edad vuelvan con sus padres maltratadores.

Las dos mujeres, cuyos hijos presenciaron el maltrato a que las sometieron sus exparejas, depositaron las firmas en el Registro de la Oficina Central de Atención al Ciudadano acompañadas por el alcalde de Maracena (Granada), Noel López, y la directora de Igualdad de este ayuntamiento, Paqui Granados.

De este municipio granadino es vecina Juana Rivas, de 35 años, quien en mayo de 2016 tuvo que escapar de la isla italiana de Carloforte en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos, de 2 y 10 años.

Juana Rivas explicó que estaba sometida a una situación de violencia física y psicológica «insostenible» y que su agresor fue condenado mediante una sentencia firme por maltrato.

Haciendo uso de un procedimiento jurídico internacional extraordinario -el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores-, su expareja quiere que los niños vuelvan a la isla italiana donde, asegura la madre, han sufrido maltrato durante casi tres años.

«Siento que se nos trata de delincuentes cuando somos unas madres que intentan proteger a sus hijos. Necesitamos el apoyo de la justicia española para proteger a estos niños», ha subrayado Rivas.

Tanto es así que el Ayuntamiento de Maracena ya ha aprobado una moción en la que se insta al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Justicia del Congreso a elaborar un protocolo específico en los supuestos de sustracción internacional de menores cuando concurre una situación de violencia de género.

El regidor de Maracena Noel López ha pedido «una solución definitiva» para que quede claro que «un maltratador no es un buen padre», mediante un protocolo específico de actuación en los supuestos de sustracción internacional de menores cuando concurren situaciones de violencia machista.

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