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21.000 funcionarios y sus familias ven peligrar su cobertura sanitaria

Denuncian que las aseguradoras recortan cuadros médicos y pruebas por la bajada en la aportación que realiza el Estado a Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado)
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La mayoría de funcionarios de Hacienda están acogidos a Muface. En España hay 1,5 millones de personas miembros de dicha mutualidad. Foto: DT

La mayoría de funcionarios de Hacienda están acogidos a Muface. En España hay 1,5 millones de personas miembros de dicha mutualidad. Foto: DT

Los cerca de 13.000 funcionarios del Estado en Tarragona y 8.000 de sus familiares que están acogidos a la Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) están preocupados porque su cobertura sanitaria puede reducirse. La Muface es un sistema paralelo a la Seguridad Social que establece convenios con mutuas privadas –y con la propia Seguridad Social– para que sus afiliados reciban cobertura sanitaria y les ofrece además otros tipos de ayuda.

La Muface es financiada por el Ministerio de Hacienda, que este año ha incrementado ligeramente el presupuesto que le dedica. Sin embargo, las mutuas con las que tiene convenio –Adeslas, Asisa, DKV (las tres con presencia en Tarragona) e Igualitaria de Cantabria– han visto como el IVAha aumentado del 10 al 21%.

El escaso incremento presupuestario ha provocado que las mutuas hayan recortado cuadros médicos y sean reacias a seguir proporcionando tratamientos médicos como oncología y cardiología, según denuncia CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), mayoritaria en el sector público estatal.

 

Sanidad privada, por goleada

Los funcionarios acogidos a Muface pueden escoger entre alguna de las cuatro mutuas privadas o la propia Seguridad Social. La mayoría (un 83,5% a nivel estatal) eligen la sanidad privada.

Entre los empleados públicos estatales en Tarragona afectados por el recorte están los de Correos, Hacienda, la Administración General del Estado (Tráfico, Subdelegación del Gobierno...) así como profesores que, aún dependiendo orgánicamente de la Generalitat, siguen con Muface. Los funcionarios de la Generalitat están acogidos al régimen general de la Seguridad Social.

Según explica el presidente de CSIF en Tarragona, Óscar Venteo, hay médicos que no atienden ya si el paciente acude a través de una mutua con la que Muface ha llegado a un acuerdo, pero sí si el paciente es cliente privado de la misma mutua.

«El convenio de 2015 establece que las mutuas están obligadas a continuar el tratamiento. El problema es qué se entiende por continuidad. El hospital de referencia para los tarraconenses, la Clínica Quirón de Barcelona, está poniendo inconvenientes para tratamientos oncológicos, de radioterapia, cardiología, neurología y aparato digestivo», asegura Venteo.

El representante sindical niega que los funcionarios tengan un privilegio por disponer de ese sistema sanitario y de ayudas y alerta de que si los funcionarios se pasan en masa a la Seguridad Social el sistema sufriría un colapso y alargaría los tiempos de espera para consultas y pruebas.

Para conocer el alcance concreto de los recortes, CSIF ha enviado un cuestionario vía mail a los funcionarios donde les pregunta concretamente por «los centros hospitalarios que atendían a los mutualistas y beneficiarios en el año 2014 y que este año 2015 ya no proporcionan servicios médicos, o han sido modificadas las especialidades médicas que atienden».

Al sindicato han llegado quejas de que la clínica Fábregas de Reus ya no presta servicios con Asisa ni la Policlínica de El Vendrell con Asisa ni Adeslas ni DKV.

Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que reúne a las principales mutuas, se asegura que «hemos estado muy por encima de nuestras posibilidades. Los acuerdos se han cerrado año a año. Pero siempre hemos estado con la espada de Damocles sobre la cabeza, sin saber lo que iba a pasar al año siguiente». Otras grandes aseguradoras, como Sanitas, Mapfre y Caser ya decidieron dejar de prestar servicios a Muface.

El Diari contactó con el Ministerio de Hacienda, que declinó hacer cualquier comentario o dar su versión de la noticia.

Los funcionarios admiten que las aseguradoras podrían estar utilizándoles como medida de presión para obtener más fondos pero dicen comprender que son empresas privadas que buscan beneficios. Y alertan, como concluye Venteo, que «los recortes en sanidad provocan que disminuya la esperanza de vida, digan lo que digan los políticos».

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