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22 municipios de Tarragona tienen causas por soberanismo

El conflicto independentista se dirime a diario en los juzgados. La ´guerra de banderas´ suele caer de lado del Estado. En la soberanía fiscal o el pago de cuotas a la AMI varían los criterios

Raúl Cosano

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La quema de la Constitución en Valls, un acto reivindicativo que hoy se volverá a repetir. Foto: alba mariné

La quema de la Constitución en Valls, un acto reivindicativo que hoy se volverá a repetir. Foto: alba mariné

El proceso contra el independentismo llega a los rincones más insospechados de Catalunya y se enraíza en los pueblos más pequeños. Lejos de limitarse al juicio contra Artur Mas y sus exconsejeras por la consulta del 9-N, el conflicto, más invisible, se dirime a diario en los juzgados. Cuando las celebraciones alrededor de la Constitución afloran, las pugnas entre municipios y la administración central se recrudecen.

La Abogacía del Estado ha presentado unos 400 recursos contenciosos administrativos contra 250 ayuntamientos (hay 947 en Catalunya) y nueve entidades locales por cuestiones ligadas al soberanismo. En Tarragona hay 22 municipios y un consejo comarcal que han sido denunciados, por diferentes motivos, según el recuento de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). En total se acumulan 25 litigios.


Territorio libre y soberano
De ellos, 10 son por soberanía fiscal, esto es, ingresar los impuestos a la Agència Tributària Catalana. Ahí se encuentran poblaciones como Miravet, Llorenç del Penedès, Roquetes, Miravet o Móra d’Ebre. Cinco localidades fueron denunciadas por declararse territorio libre y soberano, con ejemplos como Alcanar o Amposta. Por otra parte, cinco consistorios y el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre fueron denunciados por el pago de cuotas a la AMI, otro de los frentes contra los que trabajan los abogados del Estado en el marco del auge independentista.

En las comarcas tarraconenses sólo se ha registrado un caso dentro de la guerra de banderas, en el municipio de Altafulla, saldado a favor del Estado. Asimismo, sólo hay un caso de sedición, que es del Ayuntamiento de Deltebre. Esta situación va vinculada a aquellos municipios que aprobaron mociones a favor de la declaración independentista del Parlament del 9-N. «Son estimaciones nuestras, puede ser que haya municipios que no nos hayan comunicado los recursos y, por lo tanto, las cifras podrían ser más elevadas», explica la AMI.

La entidad sostiene que suele tener menos casos registrados que el Estado, porque consistorios grandes no requieren sus servicios. Dos municipios tienen un doble litigio: son La Sènia y la Nou de Gaià, denunciados por soberanía fiscal y el pago de cuotas.

La resolución de los litigios depende y varía según el criterio de los jueces. Los contenciosos vinculados a las banderas suelen caer a favor del Estado, mientras que en el resto de situaciones hay variabilidad. «Cada caso es diferente. Una cosa es aprobar una moción de soberanía fiscal y otra es realizar el pago de impuestos», argumentan desde la AMI.

Mientras los consistorios apelan a la libertad de expresión, la Delegación del Gobierno sostiene que persigue el cumplimiento de la legalidad. «La casuística de los recursos es variada, yendo desde el incumplimiento de la Ley de Banderas hasta las impugnaciones por irregularidades en materia de gestión económica», explican fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. El ente reivindica su función de «control de la legalidad de los acuerdos adoptados por parte de las entidades locales». Así, la Delegación del Gobierno en Catalunya, a través de la Abogacía del Estado, analiza si un acuerdo se ajusta a derecho. De ahí que interponga recursos en varias materias, incluido el posicionamiento soberanista.

En Catalunya, por incumplimiento de la Ley de Banderas, la Delegación dice que ha habido entre 130 y 140 impugnaciones. La AMI tiene registrados 103 casos, con 20 fallos a favor del Estado y el resto pendientes, según la entidad. Las impugnaciones contra mociones de insumisión y soberanía fiscal rondan el centenar. En ese punto, la AMI habla de 106 recursos y de que los jueces han desestimado 80, 22 de ellos con sentencia firme del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La Delegación mantiene que las impugnaciones por declaraciones de ‘territorio catalán libre y soberano’ oscilan entre 60 y 70. La AMI rebaja esa estadística a 47 casos y recalca que 27 de esos recursos han sido desestimados y ocho aceptados. También hay baile de cifras en los recursos por pago de cuotas a la AMI. La Delegación ha impulsado un centenar de recursos. La AMI tiene contabilizados algunos menos: 83.

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