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Salvo imprevisto de última hora, los pensionistas tendrán que conformarse en 2018 con la revalorización mínima del 0,25%, tal y como el Gobierno ya comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario para 2018. Esto significa que por segundo año consecutivo los mayores perderán poder adquisitivo y todo para ahorrarse poco más de 1.500 millones de euros, tal y como denuncia UGT.
El Estado presupuestó para 2017 un gasto total para pensiones de 125.263 millones, de los cuales 122.777 se destinan a pagar las contributivas: 86.808 millones van para las de jubilación; 12.463, para las de incapacidad, y 21.369, para las de viudedad.
A las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, se dedican para este año 2.320 millones, a los que habría que sumar otros 165 millones de la gestión transferida a País Vasco y Navarra.
Revalorizar estas prestaciones un 0,25% supondrá para las arcas del Estado un gasto extra de 313,2 millones, según los datos aportados por la organización sindical, que denuncia que si las pensiones se incrementaran según la inflación prevista (1,5%) ascendería a 1.878 millones.
«Para UGT es absolutamente intolerable que el Gobierno siga con la política de recorte de las pensiones de manera no declarada», sostiene Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de esta organización. El sindicato critica que, mientras escatima 1.500 millones de los bolsillos de los pensionistas, no tiene problema en rescatar las autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores por 2.000 millones.
Los pensionistas verán por quinto año consecutivo subir su nómina un 0,25%, lo que supone apenas 2,3 euros más al mes para la pensión media, que en septiembre se situó en 925 euros, o 1,62 euros más para la pensión más habitual, que UGT cifra en 650 euros. Así, tanto el año pasado como este perderán poder adquisitivo, pues la inflación terminó 2016 en un 1,6% y en noviembre se situó en un 1,7%. Casi un 3% menos de capacidad de compra.
UGT acusa al Gobierno de «forzar» el actual déficit de la Seguridad Social. «Nos vende una situación de insostenibilidad del sistema que no es real, solo para que se fomenten los sistemas privados de pensiones», sostiene Barrera, quien exige al Ejecutivo que deje de conceder créditos para pagar las pensiones –en 2017 otorgó al sistema uno de más de 10.000 millones y otro tanto hará para 2018– y pague las pensiones mediante transferencias directas de los Presupuestos.
