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Ángel García (Tarragona): ´Hemos vendido la casa para poder pagar la plaza en la residencia´

Varias familias de Tarragona denuncian retrasos, valoraciones a la baja y dificultades para acceder a una plaza pública

Raúl Cosano

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Ángel García (izquierda), con su tío, Marino Vela, de 85 años. Han tenido que vender su casa para poder sufragar la plaza en una privada. FOTO: DT FOTO: DT

Ángel García (izquierda), con su tío, Marino Vela, de 85 años. Han tenido que vender su casa para poder sufragar la plaza en una privada. FOTO: DT FOTO: DT

«Siempre han valorado a mi madre a la baja, sea por lo que sea. La valoran con un grado 1, pedimos otra vez la revisión al cabo del tiempo y todo sigue igual», cuenta la tarraconense Montserrat Hernández, hija de Joana Caro, de 85 años, que está en la residencia Nostra Llar, de Els Pallaresos. «Se cayó, se rompió la cadera y representa que no puede estar en casa. No tenemos ascensor. Tiene que ir con un caminador y necesita que le ayuden a vestirse. Tiene un deterioro cognitivo moderado, un diagnóstico de demencia senil». Así llevan desde 2012.

De la valoración de la dependencia en un grado u otro y la confección del Plan Individual de Atención (PIA) dependen económicamente las familias, que batallan para lograr una plaza pública, más asequible que una privada. «Tenemos que complementar cada mes con nuestro dinero, hasta llegar a los 2.000 euros que vale la plaza», explica Montserrat.

En similar situación está Marino Vela, de 85 años, que vive también en Nostra Llar y sufre indicios de demencia senil. En este caso la familia ha tenido que vender su casa para poder sufragar la plaza en una residencia. «Mi tío trabajó en Francia casi toda su vida. Cuando se jubiló, volvió y compró una casa en Els Pallaresos, donde vivió unos años», explica su nieto, Ángel García.


Cinco años de espera
Una trombosis en la pierna de Marino complicó las cosas: «Se pudo recuperar, pero los médicos nos dijeron que no podía vivir solo. Estuvo en mi casa viviendo pero al final tuvo que ira una residencia. Nos dijeron que al cabo de dos años obtendrían plaza pública, pero ya lleva cinco».

Una pensión de 500 euros era insuficiente para abonar los 1.500 mensuales que cuesta la plaza privada. Tampoco la valoración como grado I permitía más ingresos. «Al principio tiramos de su pensión y de los ahorros, que ya se acabaron. Por eso tomamos la decisión de vender la casa de mi tío para poder pagarlo todo», explica Ángel.

Moisés Sumoy, el director de la residencia Nostra Llar, narra los obstáculos con los que se topan muchos: «Sabemos que pedir la ayuda para la dependencia es un trámite burocrático largo. Eso hay que aceptarlo, pero nos encontramos con gente que, a pesar de tener grado 1, no puede vivir por sí solo. Entonces la familia tiene que pagar una plaza privada porque no accede al grado 2». No poder optar a una plaza pública es una de las sombras de esta Ley de la Dependencia que ahora celebra una década de vida.

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