Anticorrupción rastreó los gastos de la reina Sofía y su hermana en Londres

Buscaba indicios del supuesto uso de las tarjetas opacas repartidas por el rey emérito en sus largas estancias en el Reino Unido

05 noviembre 2020 08:40 | Actualizado a 05 noviembre 2020 09:03
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La Fiscalía Anticorrupción rastreó los gastos corrientes de la reina Sofía y de su hermana Irene de Grecia durante sus estancias en Londres. Lo hicieron ante la sospecha de que pudieran haber hecho uso de las tarjetas de crédito opacas. Los investigadores reclamaron a las autoridades británicas documentación bancaria para poder seguir el rastro del dinero e identificar la titularidad de la persona física o jurídica que estaba detrás de estas tarjetas, según fuentes de la investigación. La intención era cotejar esta documentación con la información aportada por la Agencia Tributaria española y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

De forma inicial se puso en el foco en el rey emérito por si pudiera estar moviendo dinero no declarado ante Hacienda después de su abdicación en junio de 2014. Lo hizo presuntamente a través de sociedades interpuestas y parapetado en testaferros.

Este sería el caso del coronel del Ejército del Aire, ya en la reserva, que trabajaba como asistente de campo de don Juan Carlos, o de un empresario mexicano. Pero con la documentación aportada por la Agencia Tributaria y la unidad de inteligencia financiera, se abrió otra línea de investigación: no solo don Juan Carlos hizo uso de estas tarjetas opacas, sino también otros miembros de la familia, como doña Sofía o su hermana.

Fuentes consultadas explican que una de las «preocupaciones» del rey emérito tras su abdicación y retirada de la vida pública era, precisamente, sostener el alto nivel de vida de sus allegados.

Por otra parte, fuentes fiscales interpretan como un balón de oxígeno la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, de ordenar el martes que las diligencias sean enviadas desde Anticorupción hasta la Fiscalía del Supremo. La respuesta oficial es que los indicios contra don Juan Carlos obligan a trasladar las pesquisas, dada su actual condición de aforado ante este órgano, una vez que perdió la inviolabilidad constitucional tras su renuncia. Sin embargo, estas fuentes remarcan que Delgado ya conocía de antemano la existencia de esta investigación en la fiscalía especializada y que no hizo nada hasta que se filtró la noticia el martes. Es más, el departamento dirigido por Alejandro Luzón ya había transmitido su intención de prorrogar las diligencias cuando concluyera el plazo de 12 meses, tal y como estipula el reglamento fiscal. La razón es que quedaban peticiones de documentación pendiente y que era necesario seguir acumulando indicios. Pero la fiscal general intervino para que sus colegas del Supremo se encargaran del caso. Para ello, decidió darle de nuevo las diligencias al fiscal Juan Ignacio Campo, que ya investiga desde junio las cuentas en Suiza del rey emérito.

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